¿Cómo deberían ser los presupuestos?

Rafael Pampillón. Profesor. IE Business School

29 Julio 2015

Los Presupuesto Generales del Estado para 2016 deberían intentar alcanzar un déficit público menor y una mayor reducción del gasto público.

El Consejo de Ministros aprobó hace pocas semanas el techo de gasto público para el año 2016 y la rebaja fiscal que es efectiva desde el pasado 1 de julio. Además, revisó el cuadro macroeconómico de previsiones de crecimiento de la economía española: un 3,3% este año y un 3% el próximo ejercicio. Ya nadie duda de que la economía española se encuentra en una fase expansiva, con elevadas tasas de crecimiento económico y de creación de empleo, incluso el FMI (Fondo Monetario Internacional) ha elevado sus estimaciones de crecimiento para nuestros país hasta el 3,1% para este 2015 (medio punto más que en su anterior previsión). 

Por tanto, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene (PGE-2016) se enmarca en una situación de fuerte crecimiento de la economía española. Por lo que vamos conociendo, parece un presupuesto más generoso de lo que debiera ser en esta fase expansiva del ciclo, ya que, aunque el Consejo de Ministros ha aprobado un techo de gasto un 4,4% menor que el de este año, el déficit público presupuestado para el conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) sigue siendo elevado (2,8%).

Los ingresos y los gastos están íntimamente ligados al crecimiento económico, por lo que más crecimiento debería traducirse en mayores ingresos fiscales y menos gasto público, es decir, en una reducción del déficit público. En este sentido, los PGE-2016 deberían ser más ambiciosos e intentar alcanzar un déficit público menor. En este contexto de fase álgida del ciclo, si el Gobierno reduce los impuestos –ya ha anunciado rebajas-, debería contemplar también una mayor reducción del gasto público. 

Sin embargo, hay que tener presente que, debido al alto grado de descentralización territorial, los PGE representan menos del 50% del total del gasto Por ese motivo, el control del déficit exige poner en marcha instrumentos para obligar a las comunidades autónomas a que, como mínimo, cumplan con sus compromisos de estabilidad fiscal. Es ahí donde hay margen para seguir haciendo el ajuste, fundamentalmente por la vía de los gastos, lo que a su vez daría a los inversores más credibilidad y confianza en España. El Gobierno tendría que afrontar de una vez por todas la reforma de las AAPP y, en cualquier caso, no debiera financiar a ninguna autonomía o administración local que no cumpla con la requerida contención presupuestaria. En este sentido, y con una economía en plena fase expansiva, todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit fiscal y ninguna podría incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales.

Reducir el déficit público de 2015

De ahí que el ajuste del déficit público que se está haciendo en este 2015 resulte, a todas luces, insuficiente, y lo que es peor, es superior al objetivo que se había propuesto el Gobierno. Efectivamente, en el primer cuatrimestre de este año, el saldo consolidado de las AAPP excluyendo las locales se situó en el 1,1% del PIB, solo una décima menos que en abril del 2014. El consenso de los economistas es más pesimista y prevé un déficit todavía mayor. Para 2015 y 2016, se espera un déficit de las AAPP del 4,4% del PIB y del 3,2% respectivamente, dos y cuatro décimas porcentuales por encima del objetivo del Gobierno.

La causa de este mayor déficit hay que buscarla en el incremento del gasto público que se está produciendo a lo largo de este año por razones electorales. Un aumento del gasto que no ha sido capaz de compensar las reducciones de otras partidas presupuestarias como las prestaciones por desempleo y los pagos por intereses de la deuda pública, que están disminuyendo como consecuencia de la reducción del número de parados y por la bajada de los tipos de interés.

Este elevado nivel de déficit convierte a España es el país de la zona del euro con mayor desequilibrio fiscal. Son malas noticias, porque con un crecimiento económico superior al 3% y mayor recaudación fiscal, las AAPP deberían hacer más esfuerzos para reducir el déficit público y, con ello, reducir la deuda pública sobre PIB. España es un país muy endeudado, que necesita ganar credibilidad ante los acreedores que nos financian. La política fiscal debería cambiar y hacerse más restrictiva con el fin de que los mercados reciban un mensaje claro y contundente: “España está haciendo todo lo que puede por reducir su déficit”. Desgraciadamente, no es así por los intereses electorales de los partidos políticos.

Intereses electorales

No se ganan unas elecciones porque se devuelva a los funcionarios una parte de la paga que se les debe o porque nos encontremos en la nómina a final de mes con unos pocos más de euros. Se ganan unas elecciones cuando se sabe comunicar al electorado la política económica necesaria (también la fiscal) que necesita España para aumentar el bienestar de sus ciudadanos a largo plazo. Hay que explicar que una política fiscal más ortodoxa permitiría mejorar la buena marcha de la economía e infundir confianza en los acreedores. Esta mayor confianza se trasladaría a los empresarios, lo que generaría mayor inversión y, como consecuencia, empleo. España necesita, por tanto, políticas que consigan que la economía continúe por la senda de la estabilidad y el crecimiento. 

Hace ya cuatro años que vamos por el buen camino. Se está reforzando el círculo virtuoso de altos niveles de confianza, buenos resultados económicos y aumentos en el bienestar de la población. Por ejemplo, el elevado crecimiento del PIB que se ha producido en el último año ha venido de la mano de la mejora del empleo, del crecimiento del consumo y de la compra viviendas, y de una mayor recaudación. Un crecimiento más rápido que ha significado también ingresos fiscales más elevados, lo que debería permitir reducir la elevada deuda pública que está en manos de los acreedores. 

Insisto, no se ganan unas elecciones con un gasto público populista. Las elecciones se ganan, tal como se ha visto en las últimas municipales y autonómicas, cuando se prometen y se cumplen las demandas que está haciendo la sociedad civil: listas abiertas, eliminar la corrupción, no llevar imputados en las listas electorales, más democracia interna en los partidos introduciendo primarias y eliminar algunas AAPP: ayuntamientos pequeños y diputaciones. Es decir, cuando existe la voluntad política de afrontar las reformas necesarias para que se revitalice la vida política y se reduzca el gasto público que no es estrictamente necesario. 

Pero es que, además, la economía es cíclica y pudiera ocurrir que a partir de 2017 empeorase la boyante situación económica en que nos encontramos. Y, si eso ocurriese, habría que aplicar entonces una política fiscal más expansiva, con el consiguiente aumento de la deuda. Por tanto, yerra el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando afirma que el adelanto de la rebaja del IRPF al 1 de julio de este año es compatible con el cumplimiento del objetivo de déficit público del 4,2 % del PIB para 2015. Hay dos motivos que explican por qué se equivoca: 1º) las previsiones que dan los analistas muestran que el déficit para este año será mayor del que prevé el Gobierno y 2º) porque, aunque fuera compatible, tal como dijo, hubiera sido preferible optar por reducir el déficit público antes que por bajar los impuestos.

Lo ideal sería poder bajar los impuestos; pero esta rebaja debería ir acompañada de una mayor reducción del gasto público. La mayoría de los estudios empíricos (y también el propio caso de la economía española) señalan que una política fiscal restrictiva aumenta la producción y el empleo. Además, los ajustes fiscales basados en recortes del gasto público y en las necesarias reformas de las AAPP (que no se han hecho ni se las espera) tienen más posibilidades de éxito que los que se basan en aumentos de los ingresos. 

En resumen, el quinto Presupuesto del Gobierno de Rajoy, el de 2016, se enmarca en una situación de buen comportamiento de la economía española y europea. Sus previsiones sobre el crecimiento económico y del empleo y, por tanto, sobre los ingresos y gastos del Estado, serán realistas. Y el objetivo de déficit que se ha propuesto es fácil de alcanzar. En este contexto no estaría de más que se plantease reducirlo todavía más. Se conseguiría con ello aumentar la confianza de los mercados financieros, bajar los tipos de interés y reducir los gastos de intereses de la deuda.

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