¿Deben endeudarse los Ayuntamientos?

Julio Gómez Pomar. Profesor. IE

4 Noviembre 2010

El endeudamiento de los ayuntamientos tiene más puntos en contra que a favor y, en demasiadas ocasiones, deriva en un rescate del Estado con los impuestos de todos.

En estos días ha habido una cierta polémica por el anuncio del Gobierno de que, finalmente, va a autorizar a los ayuntamientos a acudir al crédito, siempre que su deuda acumulada no sea superior al 75% de los ingresos corrientes.

Más allá de la pobre imagen que trasmite un Gobierno que en asuntos tan serios va dando bandazos, la Ley Reguladora de Haciendas Locales ha venido permitiendo el endeudamiento de las entidades locales, pero condicionándolo a que, o bien fuesen operaciones transitorias de tesorería, o bien sus presupuestos presentaran un ahorro neto positivo y que el saldo de su deuda, incluida la operación proyectada, fuese inferior al 110% de sus ingresos corrientes liquidados. Si la deuda acumulada es mayor de este porcentaje, se necesita la autorización del Ministerio de Hacienda.

[*D La realidad es que muchas entidades locales acuden al endeudamiento como una fuente de financiación, no transitoria, sino adicional y permanente. *]

Desde la aprobación de la primera Ley de Estabilidad Presupuestaria impulsada por el Partido Popular en 2001, la autorización de las operaciones de crédito y la emisión de deuda por las entidades locales quedaban vinculadas al cumplimiento del objetivo de estabilidad que exigía un presupuesto equilibrado o con superávit.

La reforma introducida por Pedro Solbes en 2006 supuso, sin embargo, una importante relajación del principio de equilibrio presupuestario, al permitir el déficit tanto en las fases contractivas del ciclo económico, como cuando se destinase éste a financiar una mayor inversión.

En definitiva, las primeras leyes de estabilidad presupuestaria dieron una vuelta de tuerca al endeudamiento de los ayuntamientos, al incluir la coletilla de que para autorizar operaciones de crédito se tendría en cuenta el cumplimiento del objetivo de equilibrio, pero la reforma del 2006 retrocedió buena parte del camino andado.

El último episodio lo acabamos de vivir. La vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado presenta un Real Decreto ley que cierra el grifo del crédito. Pero, rápidamente aplaza, por “corrección de errores”, la fecha de entrada en vigor de la medida, con lo que aplaza también su urgencia y la hace impropia de un Real Decreto Ley. Y, finalmente, la anuncia que sí se va a permitir a los entes locales recurrir a la deuda.

Ante tanta ida y vuelta, cabe preguntarse: ¿Cual es la política correcta? En mi opinión, la vicepresidenta acertó durante los breves instantes que duró su primera propuesta. Hay más argumentos para prohibir que los entes locales recurran al endeudamiento que para lo contrario.

[*D Los ayuntamientos deberían informar a los ciudadanos acerca de cuáles son sus proyectos plurianuales y qué repercusión van a tener en los impuestos que pagan. *]

En primer lugar, la experiencia histórica demuestra que el Estado, en más de una ocasión, ha tenido que acudir al rescate de la deuda de los ayuntamientos, porque éstos eran incapaces de hacerla frente por sí mismos. Es decir, acaba siendo más fácil presionar al Estado para que asuma la deuda, que dirigirse a los ciudadanos del municipio para que paguen más impuestos.

En segundo lugar, el argumento que prevé la ley para permitir endeudarse; financiar inversiones, es falaz. El razonamiento es el siguiente: tenemos que acometer proyectos de inversión cuya duración es superior a un ejercicio y es lógico que ese mayor esfuerzo presupuestario se atienda con deuda que se irá pagando durante varios años; aquellos a lo largo de los cuales se disfruta de la inversión. Se pretende de esta forma equiparar el comportamiento de las empresas con el de los ayuntamientos. Pero las cosas no son así.

Las empresas acuden al endeudamiento para financiar un proyecto de inversión porque esperan obtener unos ingresos en el futuro con los que atender el servicio y la amortización de la deuda y, además, obtener un beneficio. Pero los ayuntamientos no venden servicios en el mercado y sólo pueden obtener ingresos futuros de los impuestos de los que habitan en el municipio, o del Estado, mediante trasferencias que se sufragan, a su vez, con los impuestos de todos. Y entonces, si a fin de cuentas los ciudadanos van a pagar más impuestos, ¿por qué en lugar de endeudarse no aumentan directamente los impuestos municipales? Ah, gran pregunta. Quizá porque al final lo page otro (el Estado o el siguiente alcalde).

La realidad es que muchas entidades locales acuden al endeudamiento como una fuente de financiación, no transitoria, sino permanente y adicional al resto de sus ingresos para hacer frente a sus gastos ordinarios. La estrategia funciona hasta que deja de hacerlo porque la pelota financiera crece más de lo que puede gestionarse.

Los ayuntamientos deberían informar a los ciudadanos acerca de cuáles son sus proyectos plurianuales y qué repercusión van a tener en los impuestos que pagan, y no acudir al endeudamiento como forma de enmascarar los costes para los contribuyentes. Deberían también recurrir, siempre que ello sea posible, a la fórmula de precios y tasas en lugar de a los impuestos. Dada la situación financiera que presentan las administraciones públicas y en concreto las entidades locales, sólo prohibiendo el acceso al crédito se llevarán a cabo las necesarias reducciones en el nivel de gasto municipal.

[*D Habría que pensar en la necesidad de agrupación de municipios desde el punto de vista del tamaño óptimo para la prestación de los servicios a los ciudadanos. *]

Hay una última cuestión que está empezando a surgir en el debate y no quisiera dejar de tratar aquí. Es la relativa a su tamaño y a su número. Dado que los ayuntamientos del siglo XXI son esencialmente entidades prestadoras de servicios a los ciudadanos y gestores de un importante volumen de gastos e ingresos, la determinación de su ámbito de actuación, el término municipal, debería venir dado no tanto por razones históricas, políticas o culturales, sino por razones económicas.

Habría que pensar en la necesidad de agrupación de municipios desde el punto de vista del tamaño óptimo para la prestación de los servicios a los ciudadanos. Habría muchos ciudadanos que si se les presentaran las cuentas como es debido verían los asuntos municipales de manera muy distinta a como se perciben.

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