Asumámoslo: el modelo urbanístico actual está agotado

Miguel Hernández. Director.Programa Superior en Dirección de Empresas Inmobiliarias. Instituto de Empresa

26 Abril 2007

El actual modelo urbanístico, basado en una ley de hace medio siglo, está caduco. Pero la nueva Ley del Suelo tampoco corrige los problemas de fondo.

La primera Ley del Suelo de 1956 estableció un modelo que se ha respetado, en su esencia, hasta hoy. Esta Ley, preconstitucional, ha sido objeto de sucesivos parches, que han basculado desde la mayor planificación hasta la máxima libertad de mercado, según gobernara el PSOE o el PP. Este modelo ha tenido, incluso, una sentencia del Tribunal Constitucional favorable a una total competencia de las Comunidades Autónomas en la ordenación del territorio.

Las premisas que soportó esta Ley de 1956 no se corresponden con las actuales: la sociedad, la tecnología y la economía han evolucionado enormemente en los últimos cincuenta años y, aunque las sucesivas legislaciones ha pretendido dar continuidad al soporte jurídico del modelo, éste ha quedado totalmente desvirtuado en sus principios fundamentales y es incapaz de dar respuesta a los problemas actuales. Este modelo está agotado, como demuestra, por un lado, la falta de criterio de los últimos desarrollos urbanísticos y, por otro, el nivel de corrupción que ha generado, que llega a extremos incalificables. Tampoco ha servido para mitigar los fuertes incrementos del precio de la vivienda de los últimos años. Y no se puede pasar por alto el hecho de que el urbanismo sigue siendo una fuente de financiación directa de las administraciones locales.

[*D El modelo actual está agotado, como demuestran la falta de criterio de los últimos desarrollos urbanísticos y el nivel de corrupción *]

Pero bajando al detalle, la situación llega a extremos muy complejos: cada municipio debe redactar su propio planeamiento según sus criterios, sin tener en cuenta lo que ocurre en los términos colindantes. Debe solicitar infinidad de informes sectoriales –relativos a carreteras, medio ambiente, patrimonio histórico-artístico, confederaciones hidrográficas, afecciones aéreas o marítimas, etc.- y tiene que contar con información sobre las redes de servicios de las compañías suministradoras -electricidad, agua, telefonía-Este procedimiento no está reglado, es sumamente laborioso, sobrecarga a los implicados y alarga los plazos. La falta de sistematización de los procedimientos da pie a la discrecionalidad, con todo lo que ello supone.

A los municipios españoles, cada uno con su propio planeamiento, debemos añadir 17 Comunidades Autónomas, con 17 legislaciones de suelo diferentes. A pesar de tanta flexibilidad, ¿existen resultados ejemplares que puedan ser replicados en otros territorios?, ¿es posible intuir qué va a ocurrir con cualquier iniciativa legislativa habiendo tantos partícipes?

[*D La nueva Ley del Suelo, en tramitación parlamentaria, se limita a poner parches sobre este modelo obsoleto *]

La problemática del suelo se debe entender desde una doble óptica:
- Tiene un componente geográfico. Es el soporte donde se desarrolla la actividad humana y tiene implicaciones paisajísticas, ambientales, sociales o económicas. El territorio se debe planificar e infraestructurar.
- Es la materia prima del inmobiliario, con todo lo que supone para la economía española.

Bajo mi punto de vista, la nueva Ley del Suelo en tramitación parlamentaria no deja de poner otros parches sobre este modelo obsoleto. Se revisan unos porcentajes para vivienda protegida, se proponen medidas para la transparencia con el fin sofocar la corrupción, se concretan detalles sobre los procedimientos expropiatorios... Pero no entra al fondo de la cuestión.

Para poder abordar el problema del suelo en España se debería, en primer lugar, llegar a un pacto entre los partidos políticos, para permitir diseñar un nuevo modelo que posibilite los desarrollos del siglo XXI. Sería necesario hacer un estudio comparativo de modelos de países desarrollados, analizando sus virtudes y deficiencias y, por supuesto, incorporar al proceso planificador a organizaciones empresariales y agentes sociales.

[*D Las Comunidades Autónomas deberían ser el pilar del nuevo modelo urbanístico, como reconoce el Tribunal Constitucional *]

Las Comunidades Autónomas deben ser el pilar del nuevo modelo, tal y como lo reconoce la citada sentencia del Tribunal Constitucional, porque tienen la visión del interés interlocal y pueden gestionar con facilidad los informes sectoriales y los elaborados por las compañías suministradoras. Lo que en su día fueron los Planes Generales Municipales deben ser los nuevos Planes Regionales, pero con mucho menor nivel de definición.

Los Planes Regionales serían redactados por equipos técnicos, soportados por organizaciones y agentes sociales y serían aprobados íntegramente a nivel autonómico. Deberían señalar infraestructuras, proteger espacios naturales y fijar edificabilidades brutas. Estos Planes Regionales deberían incorporar todos los aspectos recogidos en las actuales legislaciones autonómicas y, además, ordenar el territorio con planos adecuados. Serían los Ayuntamientos los que fijarían en detalle las determinaciones del planeamiento superior. Sería como subir un escalón el sistema actual e incorporar a la iniciativa privada al proceso planificador. El Estado debería aprobar unos "manuales de procedimientos", con un enfoque similar al Código Técnico de la Edificación, que homogeneizaran, velaran por criterios de sostenibilidad, y evitaran la discrecionalidad y complejidad actual.

Otra vez se pierde la ocasión de modernizar los procedimientos de gestión del suelo. Y una vez más, los ciudadanos tendremos que seguir esperando. ¿Por qué?

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