Auditores de cuentas e independencia II: la rotación obligatoria

Francisco de Marcos. Profesor. Instituto de Empresa

1 Enero 2005

Los últimos escándalos financieros han puesto en entredicho la efectividad de las auditorias independientes. Los diferentes ordenamientos jurídicos se afanan en asegurar la independencia de estos profesionales con diferentes disposiciones.

Los modernos ordenamientos jurídicos asignan una función esencial a los auditores de cuentas, como “garantes” de la fiabilidad y de la exactitud de la información financiera que las empresas y las sociedades facilitan a los mercados. En todos los países se establece un régimen detallado de las obligaciones y deberes del auditor para asegurar su independencia de la sociedad auditada.

En los últimos años se han desatado, a nivel nacional e internacional, diversos escándalos financieros en grandes compañías como consecuencia de fraudes y manipulaciones contables por sus directivos y administradores, que pasaron desapercibidos a los auditores de cuentas. Ello ha motivado que, entre las modificaciones propuestas para evitar y prevenir fraudes como los ocurridos, se encuentren diversas reformas en las normas legales sobre los auditores de cuentas.

Rotación obligatoria

Entre las medidas que se proponen para prevenir la posible falta de independencia del auditor, se encuentra la de obligar a las empresas a que cambien a sus auditores transcurrido un cierto número de años. Esta norma está vigente en Italia, y lo estuvo en España entre 1989 y 1995, aunque su reducida vigencia impidió que realmente tuviera aplicación práctica. En la versión original contenida en la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, se impedía la renovación de los auditores una vez que hubieran pasado nueve años desde el nombramiento inicial.

[*D La reputación de independencia es la principal “tarjeta de visita” del auditor en el mercado *]

La imposición de un tope temporal, más allá del cual era indispensable cambiar al auditor de la compañía, pretendía evitar la connivencia del auditor con los gestores de la sociedad, que llevase a los auditores a dar un informe u opinión favorable sobre las cuentas cuando estas no lo merecían. La norma fue criticada y derogada por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995.

El remedio parecía excesivo, ya que una “receta” tan drástica descuidaba que los auditores son profesionales sometidos a una serie de obligaciones legales y deontológicas que, normalmente, serán suficientes para evitar una excesiva dependencia del auditor de su cliente.

[*D Se ha introducido una obligación de rotación interna del equipo de auditores responsables de la revisión de cuentas de una sociedad *]

Además, junto a la eventual sanción disciplinaria o del sistema legal, la reputación de independencia es la principal “tarjeta de visita” del auditor en el mercado, y una reputación dañada por falta de independencia priva al auditor de su principal activo.

Por otra parte, esta intervención legal distorsiona gravemente los incentivos del auditor y de la sociedad auditada -sobre todo cuando se aproxima la fecha de vencimiento de los contratos- y elimina los alicientes para realizar auditorias de calidad.

En cualquier caso, esta solución no goza de excesivo predicamento en los ordenamientos de nuestro entorno, en los que todo lo más que se ha introducido es una obligación de rotación interna del equipo de auditores responsables de la revisión de cuentas de una sociedad (así, v. gr., en España desde 2002 para las sociedades cotizadas o que tengan un volumen de negocios superior a 30 millones de euros).

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