<B>Blanqueo de capitales: momento de reflexión</B>

Manuel Romera. Director Sector Financiero. Instituto de Emrpesa

25 Abril 2005

El blanqueo de capitales es, como sabemos, netamente ilícito y un problema acuciante a nivel internacional. La tentación de pagar menos impuestos acecha a ciudadanos y empresas, pero donde radica el mayor problema no es tanto en el fraude fiscal, como en la obtención de dinero a través de actividades delictivas como las drogas, el contrabando de armas o la trata de blancas.

Tras los graves sucesos acaecidos en Marbella, se ha avivado el debate sobre el entramado financiero que se esconde en los paraísos fiscales. En rincones geográficos donde prácticamente no se pagan impuestos, se permite opacidad en la información y se disfruta de una gran agilidad operativa. Su existencia no es un hecho nuevo, ni siquiera reciente. Ya en los años veinte se conocían lugares como la Isla de Man, Bahamas, Suiza, Liechtenstein o Luxemburgo, destinos de grandes fortunas deseosas de eludir impuestos en sus países de origen.

Ante este hecho, en la normativa española contamos con medidas ‘antiblanqueo’ o ‘antiparaíso’, y el próximo mes de abril entrará en vigor el reglamento de la Ley de Prevención contra el Blanqueo de Capitales. Esta norma exigirá a notarios, abogados y entidades financieras que refuercen el control interno a través de comités de seguimiento de nuevos clientes. De esta forma se puede conocer, prevenir e impedir el blanqueo de capitales que pudieran realizar dichos clientes y denunciarlo ante el Ministerio de Economía y Hacienda.

[*D La nueva ley que entrará en vigor para prevenir el Blanqueo de Capitales es demagógica y de difícil aplicación *]

Este reglamento es demagógico y de difícil aplicación porque la primera función de un abogado es defender los intereses del cliente y respetar el ‘secreto profesional’. En el caso del notario, debe dar fe sobre las transacciones. Así pues, reconocer a los intervinientes no implica conocer la totalidad de su vida financiero-patrimonial. Por ello, conseguir que un abogado, notario o entidad financiera, ejerza un control sobre sus clientes con premisas tan ambiguas en la norma como “denunciar ante el indicio de blanqueo”, no puede sentar las bases de la detección del fraude.

Sería mucho más lógico, en cambio, que se incidiera en el papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y se dotara de mayores medios a órganos internacionales como la Europol, el Financial Action Task Force o el Forum para la Estabilidad Financiera.

Sabemos que el volumen monetario ‘blanqueado’ en Marbella es de unos 250 millones de euros. Pero los paraísos fiscales ridiculizan las cifras que se manejan en la operación ‘Ballena Blanca’. Basta citar el ejemplo de la Isla de Gran Caimán, que pese a su extensión de tan sólo 700 kilómetros cuadrados y sus escasos 35.000 habitantes, cuenta con más de 40.000 sociedades tapadera, 584 bancos y alrededor de 700 billones de dólares en fondos de inversión y pensiones, cantidad similar al PIB español. Asimismo, aún tenemos en el recuerdo casos de blanqueo internacional, como el registrado en 1999, cuando se detectaron 15 billones de dólares procedentes de Rusia gestionados por bancos neoyorkinos en EE.UU.

[*D El desarrollo de las nuevas tecnologías facilita la operatividad de las redes ilegales y la gestión del dinero negro *]

El nivel de sofisticación de los paraísos fiscales es cada día mayor y el desarrollo de las tecnologías facilita, sin duda, la operativa de las redes ilegales. En este sentido, en un paraíso fiscal existe un abanico amplio de posibilidades para el blanqueo de capitales, que va desde la constitución de sociedades base y sociedades instrumentales a nombre de testaferros o fideicomisos prácticamente indetectables, pasando por la posibilidad de adquirir la ciudadanía en destinos como Belice, Isla Dominica o las Islas Granadinas, y finalizando en inversiones sofisticadas como la suscripción de depósitos APT (Asset Protection Trust) o a través de ‘cláusulas de huida’, consistentes en la transferencia automática de los fondos a otro paraíso fiscal en caso de ser amenazados por la investigación de la Fiscalía en un país como el nuestro.

En cuanto a las fórmulas para hacer llegar el dinero al paraíso fiscal, se suele utilizar el ‘smurfing’ o “transferencia múltiple”, que consiste en transferir el dinero a diferentes destinos correlativos hasta que se pierde el rastro y termina en una cuenta numerada, en un paraíso fiscal a nombre de una sociedad tapadera. También se puede realizar a través de la ‘colusión’ o ‘hawala’, que no es más que utilizar un intermediario que actúe como canalizador del dinero.

Como vemos, podemos cuestionar si los países desarrollados hacen todo lo que está en su mano para hacer desaparecer los paraísos fiscales. Y deberíamos ser conscientes de que tanto el blanqueo de capitales como la gestión de dinero negro proveniente de actividades delictivas van en contra de un mundo más justo, más seguro, y con una mejor redistribución de la riqueza.

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