Canon por copia privada

Francisco Marcos. Profesor. Instituto de Empresa

21 Septiembre 2004

La aparición en el mercado de nuevos soportes reproductores ha reabierto el debate sobre el pago del canon que la Ley de Propiedad Intelectual establece para las copias de uso privado de obras protegidas.

Entre los derechos reconocidos al adquirente de una obra literaria, artística o científica, se encuentra el de reproducirla para su uso privado, siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa (artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996). Para que la copia sea lícita ha de realizarse exclusivamente para uso individual y particular del copista, sin que esté permitida la cesión de la misma a terceros, y sin que de su uso pueda derivarse ningún provecho o ventaja patrimonial.

Con la finalidad de compensar a los titulares de la propiedad intelectual de las pérdidas derivadas por la realización de estas copias para uso privado, la Ley de Propiedad Intelectual establece un mecanismo de remuneración en beneficio del autor. A través de esta remuneración compensatoria, o canon, el legislador instaura una suerte de “impuesto-subvención” que busca compensar al titular de los derechos de propiedad intelectual por las copias privadas lícitas que se realicen de su obra, y que permiten al copista evitar las sucesivas adquisiciones de la obra original que serían necesarias en caso de no existir el derecho de copia privada.

Nos encontramos ante un sistema de compensación imperfecto que, ante la dificultad de controlar las copias privadas lícitas que se realizan, grava a todos los aparatos, instrumentos y soportes a través de los que, o en los que, se puedan efectuar reproducciones de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, aunque luego no se utilicen para efectuar esa reproducción o copia. En cualquier caso, se trata del mecanismo recomendado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ante la imposibilidad técnica de controlar la copia privada individual de obras amparadas por derechos de propiedad intelectual. Por ello, es el sistema que han incorporado los distintos ordenamientos europeos en sus legislaciones desde los años sesenta; en España se introduce por primera vez en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.

[*D El verdadero problema es dónde se fija el límite, ahora que hay voces que reclaman la imposición del canon a los ordenadores personales *]

Para el funcionamiento de este canon es esencial el papel que desempeñan las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. En efecto, la imposibilidad de los titulares de los derechos de propiedad intelectual de gestionar individualmente los derechos derivados de la copia privada, hace necesario acudir a las entidades de gestión para que sean estas las encargadas del cobro de las remuneraciones establecidas por la Ley. Las cantidades que las entidades de gestión colectiva recaudan por este concepto son repartidas entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual basándose en estimaciones, lo cual lleva a que no este garantizado que sólo los titulares cuyas obras han sido copiadas sean compensados.

El canon se fija respecto de los equipos, aparatos y materiales que sean aptos para realizar la reproducción o copia de libros y publicaciones, fonogramas, videogramas o de otros soporte sonoros, visuales o audiovisuales, que hayan sido fabricados en España o que se importen para su distribución comercial o utilización en nuestro país. La Ley de Propiedad Intelectual establece que la remuneración ha de ser equitativa y única para todas las modalidades de reproducción mencionadas (artículo 25.1). El canon debe abonarse por los fabricantes y distribuidores españoles (mayoristas y minoristas) de equipos, aparatos, materiales y soportes que permitan la reproducción o copia de derechos de propiedad intelectual.

Cantidades

La Ley de Propiedad Intelectual establece los importes del canon en función de distintos parámetros, que varían según la obra de que se trate. Así, por ejemplo, en los equipos o aparatos de reproducción de libros, las cantidades a pagar van desde 45 a 223 euros en función de la rapidez de copia. Los equipos o aparatos de reproducción de fonogramas y de videogramas tienen un canon fijo por unidad, de 0,60 euros para los primeros y de 6,6 euros para los segundos. El canon de los materiales de reproducción sonora, visual y audiovisual varía en función de la capacidad del soporte (0,18 euros por hora para los primeros y 0,30 euros por hora para los segundos).

Soportes digitales

En la actualidad, la cuestión más polémica que este canon suscita es su aplicación a los soportes digitales (CD-RW Data y Audio, Minidiscos y DVD R/RW Data y Audio), ya que la Ley de Propiedad Intelectual no contempla expresamente si están sujetos o no al canon. En principio, nada indica que debieran excluirse, y en ese sentido se han pronunciado múltiples y unánimes sentencias de los juzgados de primera instancia de nuestro país. Ello ha llevado a la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), que agrupa a más del 80% de las empresas que fabrican y distribuyen soportes digitales de grabación en España, a firmar el 30 de julio de 2003 un peculiar “acuerdo privado en aplicación de la ley” con las principales entidades de gestión afectadas.

En ese acuerdo, se fijan los importes por hora de grabación y por unidad de disco que se han de abonar desde el 30 de septiembre pasado (en 2004 entre 0,13 euros por hora para CD-R/W Data y 0,70 euros por hora para DVD R/RW Video; entre 0,17 euros por unidad de CD-R/W Data 700MB y 1,40 por unidad de DVD-R/RW video 120 Min). Las cantidades establecidas son sustancialmente más bajas de las que resultarían de una aplicación, literal y estricta, de los parámetros establecidos en la Ley de Propiedad Intelectual para los soportes de copias sonoras, visuales y audiovisuales. En principio, la adhesión al acuerdo estaba abierta a cualquier empresa (asociada o no a ASIMELEC), aunque desde el 31 de octubre de 2003 sólo las empresas de nueva creación podrán adherirse al acuerdo.

El sometimiento al canon de los soportes digitales ha suscitado una fuerte discusión por parte de aquellos usuarios que los utilizan con una finalidad distinta de la reproducción o copia de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, gravarles con una especie de “tasa” por algo que no hacen parece injustificado. No obstante, cabe pensar que lo mismo ocurrió en el pasado respecto de aquellos soportes expresamente contemplados en la Ley. El verdadero problema -junto al de fijación de la cuantía- es dónde se fija el límite, si es que hay alguno, ahora que hay voces que reclaman la imposición del canon por copia privada a los ordenadores personales.

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