De cómo el libre mercado ayuda más que la regulación a conservar el planeta

Ignacio de la Torre. Profesor. IE Business School

18 Diciembre 2013

Estados Unidos, aún sin firmar Kyoto, está logrando un comportamiento de sus emisiones de CO2 mejor que Europa, gracias al modelo de libre mercado que aplica en la prospección de los recursos naturales.

A pesar de que Estados Unidos no firmó el tratado de Kyoto y de que la Unión Europea sí lo hizo, la realidad es que las emisiones de CO2 norteamericanas se han comportado mucho mejor que las europeas.  El motivo es la revolución de shale gas, que ha permitido a Estados Unidos reemplazar el empleo del carbón por el gas, que contamina aproximadamente la mitad, para generar energía. El exceso de carbón se ha canalizado hacia Europa, que sigue afrontando costes energéticos superiores a los estadounidenses.  El resultado es que a pesar de ser signatarios del voluntarista tratado de Kyoto, hemos cumplido peor con el mismo que nuestros amigos de los Estados Unidos. A su vez, los países emergentes emplean enormes sumas de dinero en subsidiar la gasolina, contribuyendo de una forma relevante a la emisión del CO2 gracias, precisamente, a subvenciones de corte populista…

Ante un problema se puede optar por regularlo, prohibirlo o mitigarlo a través del mercado. En ocasiones no hay más remedio que la intervención. Así, un liberal afirmaba que en la Camboya abandonada por los jemeres rojos, unos coches conducían por la izquierda y otros por la derecha. Dentro de su liberalismo, esta persona afirmaba que tenía todo el sentido la intervención del Estado para forzar la conducción unánime.  

La clave es encontrar cual es el punto óptimo de intervención, y el que esto escribe y suscribe es más partidario de minimizar la intervención regulatoria. En el caso de la lucha contra el cambio climático, aunque hay elementos que permiten afirmar que las externalidades negativas provocan que un nivel de intervención sea necesario, Estados Unidos vuelven a darnos otra lección, ya que la intervención europea ha resultado a todas luces ineficaz. Al otro lado del Atlántico, el propietario del suelo puede correr con el riesgo que supone costear una prospección para ver si encuentra recursos naturales. Si aparecen, son suyos. En Europa, la mayoría de las regulaciones contemplan que el descubrimiento de recursos naturales acaba en una gran parte en manos del Estado. La consecuencia lógica es que los norteamericanos han sido mucho más rápidos y efectivos en movilizar su tecnología y sus recursos para obtener gas natural. El resultado del desplazamiento del carbón es una menor contaminación y una energía más barata. Así, a pesar de tanta conciencia y tanta lucha regulatoria, el carbón ha sido utilizado en un 30% de la producción mundial de energía en 2012, el nivel más alto desde 1969.

Aunque Estados Unidos sigue siendo intervencionista en otros campos como con su prohibición de exportar petróleo o incluso dificultando la exportación de gas, el balance de su regulación es favorecedor en lo que a la lucha contra el cambio climático respecta. En Europa, la intervención política en el mundo de las renovables ha sido a todas luces tragicómica. España aprobó la primera regulación de renovables durante el segundo gobierno Aznar, un día después de los atentados del 11-M, con el Ejecutivo prácticamente en funciones. La regulación empeoró en términos relativos con la primera legislatura de Zapatero, y el engendro resultante fue el consabido déficit tarifario y la enorme deuda asociada. El despotismo desilustrado de ambos partidos generó un régimen regulatorio surrealista que hoy todos pagamos.

Como señalaba hace unos días el Dr. Lomborg en The Wall Street Journal, hoy en día España gasta un 1% de su PIB (unos 10.000 millones de euros de un total de 60.000 millones empleados globalmente en subsidios a energías renovables) en energía solar y eólica, más dinero del invertido en educación superior.  Con este gasto en renovables, España habrá retrasado al final del siglo 61 horas el impacto del calentamiento global, como afirmaba el rotativo citando un estudio de la Universidad de Yale. Además, muchos gobiernos emergentes emplean enormes subsidios en subsidiar la gasolina. Paradigmático resulta el caso de Venezuela, que gasta 22.000 millones de dólares al año en sufragar la gasolina, el doble de su gasto sanitario.  Irán emplea 82.000 millones de dólares en el mismo concepto; Arabia Saudí, 61.000 millones; y Rusia, India y China, entre 30.000 y 40.000 millones cada una.  En otras palabras, se compra estabilidad política a cambio de emisiones de CO2 subsidiadas.

Durante la crisis económica del imperio romano del siglo III se generó un enorme problema con la inflación.  El emperador Diocleciano intentó resolverlo por la vía de la regulación: prohibió por ley la inflación, fijando precios. A pesar de la inutilidad de dichas medidas, las leyes estúpidamente consagradas en la misma dirección se han repetido a lo largo de la Historia, como por ejemplo durante la revolución francesa, y más recientemente, en la increíble Venezuela. El resultado es siempre el mismo: la inflación la determina el mercado equilibrando oferta y demanda, y los regímenes intervencionistas limitan la oferta, lo que tensiona la inflación y redunda paradójicamente en el daño a los más pobres.

Hoy en día, el mundo afronta el problema del cambio climático (ya tocará en un año volver a lidiar con la inflación…). Ante el mismo caben dos posturas, o prohibir y regular; o mitigar sus efectos a través del libre mercado.

El tiempo pondrá pronto en su sitio la efectividad de tan contrapuestas soluciones.

 

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