El acierto de la nueva Ley de Opas: las compras y ventas forzosas

María del Pilar Galeote. Profesora. Instituto de Empresa

26 Enero 2007

La nueva Ley de Opas, con el derecho de compra y venta forzosa, beneficia tanto al minoritario como al mayoritario, porque las tomas de control son más transparentes.

El viernes 13 de octubre, el Consejo de Ministros dio el penúltimo paso para renovar el sistema de opas (Ofertas Públicas de Adquisición de acciones). Ese día, aprobó remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, que modifica el régimen de opas y de transparencia de los emisores. Esta futura normativa incorporará al ordenamiento jurídico español dos Directivas Comunitarias: la Directiva de Opas y la Directiva de Transparencia.

Aunque aborda varios objetivos, destaca el interés por proteger los derechos de los minoritarios y clarificar los supuestos para lanzar una opa por el 100% del capital, estableciendo, además, que será obligatorio realizar una oferta sobre toda la sociedad cuando se adquiera, al menos, el 30% de los derechos de voto.

[*D Con el nuevo marco, un inversor que alcance el 90% de los derechos de voto podrá exigir que le vendan el otro 10%. Es un squeeze out. *]

En materia de opas, entre otros puntos, esta reforma recoge dos tipos de derechos: compra y venta forzosa. Por medio del derecho de compra forzosa, el accionista que consiga al menos el 90% de los derechos de voto de una sociedad, tras haber lanzado una opa sobre el 100%, puede requerir al resto de accionistas que le vendan su participación -fenómeno conocido como squeeze out-. El objetivo de este derecho es que el inversor mayoritario, si es su deseo, adquiera todo el capital de la compañía y pueda tomar decisiones por sí mismo, sin contar con otros.

Sin embargo, este derecho, que beneficia a los accionistas mayoritarios, tiene como contrapartida, reconocida en el Proyecto de Ley, que los titulares del resto de acciones -que será un porcentaje mínimo tras el éxito de la opa- podrán exigir que se adquieran sus acciones a un precio equitativo -fenómeno conocido como sell out-. Por tanto, también se protege a los minoritarios, ya que no están obligados a continuar en la compañía si cambia el control y sus circunstancias.

[*D Como contrapartida, los minoritarios podrán exigir que se adquieran sus acciones a un precio equitativo. Es el denominado sell out. *]

Con estas novedades, se introducen en el ordenamiento jurídico español dos derechos ya recogidos en la Directiva de Opas. Pero es necesario que ir más allá para comprender el verdadero alcance de estos nuevos derechos

Con su introducción, parece que se establezca un cauce legal para que puedan realizarse operaciones PT -Public to Private-, aquellas a las que acuden muchas veces los inversores de capital riesgo para excluir compañías cotizadas y poder sanearlas.

Estos inversores suelen encontrar gran cantidad de obstáculos por la presencia de accionistas minoritarios que, por desconocimiento o temor, entre otras muchas razones, no acuden a las opas y mantienen su participación en el capital de la sociedad, dificultando la gestión de la misma a los nuevos accionistas.

En sentido contrario, también en este tipo de operaciones se refuerzan los derechos de los minoritarios. Al reconocérseles el derecho de venta forzosa, pueden salirse de una inversión que ya no desean porque han cambiado, de manera considerable, las circunstancias de la misma.

[*D Hasta ahora los mayoritarios optaban por reducir capital mediante la amortización de acciones para tomar el 100% del capital. *]

Además, hasta la reforma hoy en curso, el ordenamiento jurídico español no permitía adquirir el 100% de una compañía a quien había obtenido un gran número de aceptaciones en una opa. Por ello, se acudía a otras alternativas jurídicas, entre la que destaca, como más utilizada en este tipo de operaciones, la reducción de capital social, prevista en el artículo 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, que consiste en reducir el capital mediante la amortización de las acciones.

De este modo, se trataba de obtener la mayoría de las acciones, cumpliendo con los requisitos de “compensación-precio adecuado” y justificándolo desde el punto de vista del interés social.

Por tanto, se debe valorar muy positivamente, no sólo que se transponga la Directiva en esta materia, sino que, finalmente, se haya articulado un mecanismo jurídico ad hoc que permita llevar a cabo este tipo de operaciones con la seguridad jurídica y la transparencia necesarias.

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