El Aguijón del Silencio Administrativo

Víctor Torre de Silva. Profesor. Instituto de Empresa

5 Septiembre 2006

Frente al silencio de la Administración, existen los recursos contenciosos-administrativos, que velan por el derecho de los ciudadanos e impiden que los estamentos públicos se sustraigan de su deber de dar una respuesta.

La Jurisdicción Contencioso-administrativa española nació con una función revisora de los actos administrativos. De hecho, todavía hoy, la mayor parte de las pretensiones que se deducen ante ella se refieren a la anulación de actos administrativos (aunque, con frecuencia, se acompañen de otras pretensiones). Por eso, siempre ha tenido mucha importancia la figura del silencio administrativo. En particular, del silencio administrativo negativo, cuya ausencia de pronunciamiento permite que se entienda desestimada una petición o solicitud. Es decir, abre la vía impugnativa. En el fondo, se trata de una simple ficción, favorecedora de los derechos de los ciudadanos, porque impide que la Administración se sustraiga al control de los tribunales con la táctica de no cumplir con su deber –en particular, el de dar respuesta expresa en todos los procedimientos–.

[*D La ausencia de pronunciamiento permite entender desestimada una petición o solicitud, y abre la vía impugnativa *]

Recientemente, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el silencio administrativo, en relación a la tutela judicial efectiva. En sus recientes sentencias 14/2006, del 16 de enero, y 39/2006, del 13 de febrero, la Sala Segunda aborda el problema de la extemporaneidad del recurso contencioso-administrativo contra un “acto presunto” (expresión con la que se designa el efecto producido por el silencio administrativo, por cierto, muy criticada por la doctrina).

En el primer caso, dos comunidades de propietarios solicitaron al Ayuntamiento de Torrevieja la declaración de ilegalidad y nulidad de una licencia de obras, concedida a una empresa constructora. El Ayuntamiento no respondió y, a los nueve meses y cinco días, las comunidades formularon recurso contencioso-administrativo. El Juzgado competente declaró inadmisible el recurso, por haber sido interpuesto fuera de plazo, en una sentencia que fue confirmada íntegramente por otra del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

[*D Si la Administración incumple su deber de resolver en plazo, no puede luego valerse de un plazo para rechazar un recurso *]

Estas sentencias interpretaron literalmente el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, del 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que marca un plazo de seis meses para interponer un recurso contra “actos presuntos”. Este plazo empieza a contar a partir del día siguiente a aquel en que se entiende desestimada la solicitud o petición que da lugar al silencio.

En el segundo caso (el resuelto por la sentencia 39/2006), un contratista de la Administración del Estado reclamó ciertas cantidades que había tenido que satisfacer a un Ayuntamiento y que, en su opinión, no le correspondían pagar a él. Reiteró su petición cinco veces, en un lapso de tiempo de casi siete años. Como quiera que la Administración no estimara (ni desestimara) su pretensión, interpuso recurso contencioso-administrativo. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra no lo admitió, alegando que los actos administrativos “presuntos” –producidos por silencio administrativo– contra los que se recurría no habían sido impugnados en el plazo legal establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por lo que habían devenido consentidos y no impugnables.

El Tribunal Constitucional, tras repasar su jurisprudencia anterior sobre la cuestión, entiende que en ambos casos se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución y anula las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia. Considera que se ha interpretado el precepto legal que regula los plazos de una manera irrazonable, contraria al principio pro actione y a la efectividad del Derecho Constitucional. Caben otras interpretaciones, afirma la sentencia, no vulneradoras de este derecho.

[*D En las últimas sentencias del Tribunal Constitucional late un deseo de eliminar el aguijón del silencio administrativo *]

En el conjunto de las sentencias, late un deseo de eliminar el aguijón del silencio administrativo. Si la Administración incumple su deber de resolver en plazo, parecen decir, no puede luego prevalerse de un plazo para enervar el recurso contra su omisión. La vía de impugnación estará permanentemente abierta. Esta solución, aunque con muchos más matices, había sido ya postulada por varios autores, entre ellos el conocido experto en la materia Ernesto García-Trevijano.

El Tribunal Constitucional, por tanto, se sitúa en un plano de garantizar los derechos de los ciudadanos contra la Administración. Una vez más, el Derecho actúa como límite de las potestades públicas. Así, el silencio administrativo se configura como una institución favorecedora de la defensa de los particulares. El aguijón que tenía escondido por fin desaparece.

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