<B>Gas al rojo vivo</B>

José Mario Álvarez de Novales. Profesor de Dirección Estratégica. Instituto de Empresa

23 Julio 2004

La energía será uno de los puntos conflictivos entre naciones en el futuro. La escasez de este recurso, las enormes inversiones necesarias para generarlo y el aumento de la demanda son los ejes del problema. Como ejemplo, el autor analiza el caso de Argentina y Chile.

El reciente problema entre Argentina y Chile es parte de uno mayor y generalizado que viene anunciándose desde hace tiempo. Sin embargo, para muchos, parece haber estallado de improviso.

Si alguien quisiera diseñar los mapas de tensiones entre naciones en el futuro debería mencionar al menos tres elementos: energía, agua y dinero. Desde un punto de vista integral, energía y agua forman parte del mismo problema. Las naciones con abundantes recursos hídricos pueden generar parte de la energía que necesitan mediante saltos de agua o, en el futuro, empleando la energía del mar.

Al mismo tiempo, las naciones sin agua, pero con costa, podrán potabilizar y trasladar el agua al interior gracias a la energía. Y en una sociedad mundial con demanda creciente de energía y aprovisionamiento limitado de la misma, las crisis energéticas se suceden una detrás de otra. En el caso argentino, en 2003, gracias al bajo precio relativo del gas frente a otras fuentes energéticas, la demanda eléctrica creció al 8%, el gas para uso vehicular un 30% y se duplicó la demanda para generación eléctrica. Hacer crecer todo el sistema requiere inversiones cuantiosas. Y esa es la tercera variable.

Hemos visto cortes de energía imprevistos en varias partes del mundo, derivados de la incapacidad de la red de transporte para hacer su trabajo en los momentos pico de la demanda, usualmente frente a olas de frío o calor. Y esos aumentos puntuales de la demanda son difíciles de ajustar mediante nuevas inversiones a corto. Otros tipos de cortes de luz son los producidos sistemáticamente para ahorrar energía cuando no se puede adquirir, producir o transportar. Muchas naciones latinoamericanas han sufrido estas restricciones.

La reducción de voltaje a 209 voltios también es una forma de reducir el consumo, que algo ahorra aunque menos de lo que parece, por cuanto muchas empresas y equipos disponen de sistemas de estabilización de corriente que les permiten coger la energía que desean aunque el voltaje sea menor. De hecho, esa medida adoptada por Argentina, ha sido revocada el pasado 30 de abril.

Inversiones

Por todo lo dicho, si el consumo aumenta la única forma de actuar es aumentar la oferta. Y eso requiere inversiones. Pero, las inversiones son complejas. En primer lugar, porque la energía se transporta muchas veces en forma de energía eléctrica que puede ser generada mediante gas, carbón, petróleo, saltos de agua, molinos de viento o centrales nucleares. Cualquiera de estas centrales cuesta una enorme cantidad de dinero y debe ser amortizada, pero puede ser utilizada o no según sea el momento. Es más, si el precio de un tipo de energía sube se tenderá a usar otra parando las centrales del combustible más caro. En ese dilema se encuentra Chile, que deberá compensar la falta de gas barato con la producción de centrales de carbón y petróleo, con el consiguiente encarecimiento de la energía. La tradicional “amistad” boliviano-chilena ha jugado una mala pasada.


Supongamos que una empresa tiene una central de gas y el precio del gas sube. Si el mercado estuviera liberalizado, este incremento de precio no supondría un retroceso en el aumento de la capacidad de producción. Simplemente subiría el precio de la energía producida con gas. Claro que si el mercado no estuviera liberalizado y el gobierno se empeñara en ser populista y mantener el precio de la electricidad congelado podrían darse dos supuestos. En el primero, la electricidad se seguiría produciendo sin poder amortizar instalaciones ni poder, por tanto, pagar las inversiones. La central eléctrica quebraría en un medio plazo.

Suspensión de pagos

El segundo escenario plantea una subida del precio del gas por encima del de la electricidad. Esto representaría que la empresa eléctrica no podría mantener el ritmo y entraría en suspensión de pagos rápidamente. Esa es la razón que está detrás de la negativa de las empresas eléctricas argentinas de sustituir el gas por gasoil, que es mucho  más caro. Por tanto, la oferta de Alí Rodríguez, presidente de Petróleos de Venezuela al presidente argentino, Néstor Kirchner, para vender a Argentina 700.000 toneladas de fuel óleo no es tan sencilla de poner en marcha. Y, por eso, el acuerdo con Bolivia, entre Néstor Kirchner y Carlos Mesa, para el suministro del gas, unos 4 millones de metros cúbicos de gas al día durante el invierno de 2004 y unos 2 el resto del año, creciendo hasta 6 a partir del 2006.

Vemos que, de no liberalizarse las tarifas, se produciría una desincentivación de la inversión privada. De ahí que, la libertad de precios sea un requisito para garantizar la inversión privada. Y esa libertad de precios es compleja. Por un lado, si se segmenta el mercado, al subir el precio un 40% a los grandes usuarios industriales, se puede evitar una cacerolada, pero no se evitará una mayor pérdida de competitividad  que la derivada de un aumento por igual a toda la nación. De hecho, esta asimetría forzará una agria polémica y lucha jurídica con las empresas afectadas. De ahí que Anibal Fernández, haya declarado que “no hay peligro” de que la justicia pueda impedir el aumento. Claro que, del dicho al hecho, puede haber mucha tensión.

Y si los precios están controlados y la inversión no es alentada, no queda más salida que la inversión pública, en el transporte y en la extracción y generación. El anuncio argentino de creación de luna empresa nacional de energía, Enarsa, es una forma clásica de tapar la brecha. Se pretende construir un nuevo gaseoducto y ampliar otro. Lo que no queda claro es la financiación, al parecer se hará con cargo al “superávit fiscal” hasta el año 2007. Pero, el esperado superávit está ya comprometido, entre otras cosas, para el pago de la deuda externa. Argentina debe 82.000 millones de dólares más los intereses y desea que los inversores privados hagan una condonación del 75% de la deuda, mientras que estos sólo están dispuestos a olvidarse del 35%. Y, de no recuperar  la credibilidad económica, nadie querrá prestarle dinero, ni invertir en mercados regulados al capricho ministerial. En esa línea se ha manifestado el nuevo director del FMI, el anterior vicepresidente del gobierno español, Rodrigo Rato. Éste, siempre se ha distinguido por su enorme rigidez frente a las posturas de déficit.

Prórroga argentina

La prórroga argentina con FMI, BID, Banco Mundial y Club de París hasta fines de 2006 requiere unos pagos que incluyen que en 2004 se destine parte del superávit fiscal (3%) al repago de la deuda y aun más en 2005 y 2006. Sólo el nuevo gaseoducto del Noroeste requerirá inversiones de 250 millones de dólares del estado y de 750 millones de la empresa privada Techint, que se dedica al negocio del gas. Argentina está pagando parte de los populismos del pasado y del presente. Lo que no queda claro es que el esquema final sea correcto.

Sobre Chile sigue pesando el fracaso de sus relaciones con Bolivia y la enorme tensión interna que sufre el tema del gas en Bolivia. Los bolivianos son conscientes de que el gas es un recurso escaso y con valor económico. El problema se deriva de cómo capitalizar ese recurso. El proyecto Pacific LNG, promovido por Repsol, British Petroleum y British Gas, para exportar gas de Bolivia a Chile y EE.UU. causó una revolución de tal magnitud que en octubre de 2003 murieron 60 personas y cayó el gobierno de Sánchez de Lozada. Bolivianos de todo tipo, incluyendo fracciones muy politizadas, no se conforman con que Bolivia reciba el 18% del precio en boca de pozo del gas. Quieren refundar YPFB, industrializar el gas y que sea esta empresa, y no las multinacionales, quienes vendan el gas.

Mientras, algunos proponen bloquear incluso el acuerdo alcanzado. Si eso se produce, vamos a tener un invierno austral bastante caliente. Por ello, parece lógico que el presidente chileno, Ricardo Lagos, impulse que la Empresa Nacional de Petróleos desarrolle un proyecto de importación de gas licuado en barcos para lograr la independencia energética. Eso permitiría que Metrogas y Copec, las gasistas privadas chilenas, dejaran de depender de Argentina. Chile tiene la capacidad económica y la solvencia para poder invertir los 400 o 500 millones de dólares necesarios.

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