Impasse Electoral

Víctor Torre de Silva. Profesor. IE Law School

1 Junio 2016

La inaudita repetición de los comicios generales pone en evidencia el profundo desgaste de nuestro sistema electoral y la necesidad de abordar una reforma inmediata del mismo.

El 15 de junio de 1977 se celebraron en España las primeras elecciones democráticas tras el franquismo. En estos 39 años, el sistema representativo parlamentario ha funcionado bastante bien, a juzgar por los resultados conseguidos: una excelente Constitución, la incorporación de España a las Comunidades Europeas (hoy Unión Europea), un conjunto de derechos fundamentales en línea con las democracias occidentales, una prosperidad económica innegable… La lista podría seguir. Todo ello ha sido posible, en buena medida, por distintas mayorías parlamentarias, primero de UCD, y luego, en alternancia, del PSOE y del PP.

Sin embargo, la dinámica política de estas casi cuatro décadas parece agotada. Existe un recelo y una desconfianza de los ciudadanos hacia “los políticos”, en parte a causa de la corrupción, que ha llevado a una fragmentación inédita del Congreso de los Diputados y, en definitiva, a la imposibilidad de formar gobierno. Factores como la crisis económica y la presión de los inmigrantes, sin duda, han alimentado esta situación, que puede ser sintetizada con el título del libro de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero: “¡Que no nos representan!”.

El desprecio hacia “la forma tradicional de hacer política”, por supuesto, no es sólo español.  Diversos partidos populistas o nacionalistas han surgido o resurgido en Reino Unido (UKIP), Alemania (Alternativa para Alemania), Italia (Movimiento Cinco Estrellas), Francia (Frente Nacional) y Grecia (Syriza). Incluso el candidato republicano Donald Trump tiene puntos en común con ellos.  

En España, a la aparición de nuevas formaciones políticas se suma la circunstancia insólita de que el Congreso de los Diputados tiene que ser disuelto al no haber sido capaz de formar gobierno.  Las elecciones se repetirán el 26 de junio, pero nada hace pensar que el “impasse” pueda terminar.  Desde luego, las encuestas no pronostican una amplia mayoría, sino un panorama parecido al que surgió de las anteriores urnas. Ello podría abocar a unas terceras elecciones generales o, en el mejor de los casos, a un gobierno débil, con un mínimo apoyo parlamentario, incapaz de tomar ninguna medida de envergadura y que quizás no agote su mandato.

Ante esta perspectiva, resulta necesario recuperar la ilusión de los ciudadanos por la democracia representativa y, al mismo tiempo, garantizar que ésta cumpla su función primordial: proporcionar gobernantes. Aunque se ha tomado alguna medida, por ejemplo, en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, lo hecho hasta ahora se muestra claramente insuficiente. Parece imprescindible acometer el núcleo de la cuestión, la relación entre representantes y representados: promover una reforma profunda del sistema electoral con que se elige el Congreso de los Diputados. Sin ella, no se podrán garantizar mayorías estables, ni cambiar la sensación de lejanía que se respira entre los parlamentarios y los ciudadanos. Las líneas de esta reforma podrían ser dos.

En primer lugar, habría que romper la llamada “ley de hierro” de los partidos políticos, que se asienta sobre unas listas cerradas y bloqueadas en circunscripciones grandes (provinciales). Sería fundamental dar más voz a los electores, en detrimento de los aparatos de los partidos, que controlan la confección de las listas. En segundo lugar, debería favorecerse la formación de mayorías amplias como resultado del proceso electoral.  Esto tiene tanta más importancia cuanto mayor es la incapacidad de los líderes políticos de llegar a acuerdos. Situaciones de bloqueo como la actual no son de recibo, por lo que el sistema habría de respaldar a las opciones con mejores resultados. La reforma iría, por tanto, en sentido opuesto a ciertas voces que reclaman más proporcionalidad entre el porcentaje de votos y los escaños. Sabido es que la mayor proporcionalidad provoca parlamentos más fragmentados, con más dificultad para elegir gobiernos.

Por supuesto, existen muchas formas posibles de articular una reforma electoral de este tipo. Lo ideal, a mi juicio, sería modificar el artículo 68 de la Constitución, que consagra que la circunscripción electoral es la provincia y que impone en la elección “criterios de representación proporcional”. Sin embargo, incluso sin tocar la Constitución, caben diversas fórmulas, algunas ensayadas con éxito en otros países.

El fatalismo no es una opción. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que algo ocurra, no se sabe muy bien qué, o culpando a los ciudadanos de la situación presente. En frase del conocido padre del “management”, Peter Drucker, “el liderazgo no es status, privilegios, títulos o dinero: es responsabilidad”.

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