La disputa de los impuestos, el Estatuto y la Agencia Tributaria catalana

<a href="http://www.ie.edu/esp/claustro/claustro_centros_detalle.asp?id=18">Julio Gómez-Pomar</a>. Director. Centro PWC/IE del Sector Público

26 Abril 2007

La futura Agencia Tributaria de Cataluña responde a una lógica económica, pero también abre la puerta a retos que deben saber gestionarse.

El pasado 23 de enero, la Generalitat de Cataluña aprobó el proyecto de creación de su Agencia Tributaria. Con ello se pone en marcha una de las previsiones del nuevo Estatuto, que ya en su momento desató una airada polémica sobre la oportunidad, los riesgos y las dificultades que entrañaba una decisión de esta naturaleza, tanto desde el punto de vista de la eficacia como de la aplicación general y equitativa del sistema tributario. Según ha anunciado el gobierno catalán, la Agencia Tributaria de Cataluña es un primer paso hacia la constitución, antes de dos años, de un consorcio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que se responsabilizará de los impuestos pagados por los ciudadanos de Cataluña, tal y como prevé el Estatuto. El destino final previsto de este proceso será, antes o después, la existencia de una Administración Tributaria única en Cataluña.

No sólo parece razonable, sino que tiene toda la lógica económica, que la Generalitat recaude, entendiendo esta competencia en un sentido amplio: gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos cedidos totalmente. Además, sobre estos tributos no sólo le corresponde la recaudación, sino también la capacidad normativa (esta competencia le corresponde por delegación del Estado). Lo mismo cabe decir respecto de los Tributos Propios creados por el Parlamento de Cataluña. La gestión de los Tributos Propios, así como de los cedidos totalmente a través de la nueva Agencia, no supone de hecho una modificación de gran calado y redundará, sin duda, en mejoras tanto para la Administración como para los contribuyentes.

[*D La lógica que asiste a la Generalitat para gestionar los tributos propios o cedidos al 100% no puede extenderse a los cedidos parcialmente *]

Pero, la misma lógica que asiste a la Generalitat para gestionar los tributos propios y los cedidos al 100%, no puede extenderse, sin más, a los tributos cedidos parcialmente. Es razonable que el gobierno catalán quiera gestionar también la tarifa autonómica del IRPF, el 35% de la recaudación líquida que tiene cedida del IVA; o el 40% de la recaudación líquida de los Impuestos Especiales. Puede también argumentarse que la fórmula del Consorcio es jurídicamente una forma idónea para desarrollar esta gestión. Ahora bien, tampoco cabe duda, o al menos a mí no me cabe, que gestionar las cosas “a medias” no va a ser fácil.

No es lo mismo distribuir estadísticamente una recaudación que repartir un censo de contribuyentes entre dos Administraciones Tributarias. Al menos, la experiencia con los regímenes forales pone de manifiesto que hay muchas áreas de fricción. Más allá de los problemas operativos que se plantearán con los censos tributarios, la asignación de contribuyentes a una u otra Administración para las actuaciones gestoras o de inspección, o la dirección y ejecución de los procedimientos concursales, por citar sólo algunos; hay una dimensión de las tareas de la Agencia Tributaria donde se va a ventilar mucho de la eficacia futura de la Administración Tributaria en Cataluña.

[*D El Estatuto crea una especie de ventanilla única para poder presentar los documentos de cualquier Administración Tributaria *]

Cada vez más, la eficacia de las Administraciones Tributarias en los países occidentales está en el desarrollo de las tareas que podemos llamar de inteligencia. La prevención del fraude exige profundos estudios de campo, con una trascendencia tributaria mediata, análisis detallados de operaciones económicas y financieras complejas, captación de información nacional e internacional relevante a efectos tributarios de los contribuyentes, intercambios masivos de información con estados miembros de la Unión Europea y con países terceros, comprobaciones de operadores intracomunitarios a efectos del IVA, etc. Este es un terreno donde la unidad de acción y la cooperación son esenciales.

La Agencia Estatal y la Agencia Catalana tendrán que ser capaces de armonizar el legítimo derecho de los ciudadanos a identificar a qué Administración están pagando los impuestos y qué servicios reciben a cambio, con el hecho de que los distintos niveles de Hacienda Pública no puede suponer un coste adicional para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En este sentido, el Estatuto ha querido dejar constancia de una buena voluntad de cooperación entre ambas Administraciones, al disponer que la presentación de los documentos y declaraciones correspondientes a cualesquiera de las Administraciones Tributarias, Estatal o Autonómica, se podrá hacer indistintamente en una u otra.

[*D El derecho a identificar a qué Administración se pagan los impuestos no debe crear un coste adicional *]

Se consagra, al menos en la intención, una especie de “ventanilla única tributaria”. Parece claro que una correspondencia más estrecha entre las competencias y capacidades para gestionar los impuestos que le corresponden a cada Administración es un incentivo para mejorar la eficacia, pero cada vez hay más tareas que exigen una cooperación franca y abierta para que la Administración Tributaria del siglo XXI funcione.

Todos los ciudadanos tienen derecho a que el cumplimiento de sus obligaciones tributarias sea sencillo, no costoso y, además, tienen derecho a exigir que las Administraciones fiscales persigan el fraude con toda eficacia. Confiemos en que los directivos públicos y los responsables políticos sepan manejar este proceso con acierto y no se perciba como un juego de suma cero, en el que alguien pierde competencias y poder mientras otros las ganan. Por último, el nuevo Estatuto prevé que el Consorcio pueda transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña. Ésta si es una apuesta política de calado.

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