<B>La insoportable levedad del accionista</B>

Joaquín Garralda. Profesor de Dirección Estratégica del Instituto de Empresa

27 Mayo 2003

Es evidente que, tras los escándalos contables de los últimos tiempos, se ha incrementado la exigencia de los agentes sociales hacia políticas de transparencia y responsabilidad social corporativa. Los pequeños accionistas juegan, en este cambio, un papel de creciente importancia.

En años anteriores, observando las fotos en la prensa de las juntas generales multitudinarias de algunas grandes empresas, en muchos casos se podía percibir un gesto de aburrimiento y cansancio en la cara del Presidente al contestar a un accionista minoritario, en el turno final de preguntas. La actitud de los administradores parecía la misma que cuando se toma una medicina: cuanto antes acabemos, mejor. Había que pasar el trago (¿quizá por eso a veces se daban bombones a los asistentes a las juntas?), pero lo que se dijera o se contestara, la mayoría de las veces no tenía ninguna relevancia para la marcha de la empresa. Daba igual mientras se guardaran las formas…, y hasta el año que viene.

Se suponía que todos los accionistas eran iguales, pero unos más iguales que otros. Los accionistas con un paquete importante tenían su puesto en Consejo y los analistas de los fondos tenían su sistema de comunicación especial.

Actualmente - impulsados por los escándalos conocidos - se aprecia una fuerte tendencia por parte de los agentes sociales y políticos a exigir a las empresas una mayor transparencia en la gestión y una mayor responsabilidad en los ámbitos medioambientales y sociales. ¿Qué papel juegan los accionistas leves en este proceso? Entendiendo como leves aquellos accionistas que no tienen un puesto en el Consejo y que su único poder reside en la soberanía de vender, mantener o comprar más aciones de la empresa.

Distingamos dos categorías básicas: inversores institucionales y accionistas individuales (familias).

Los primeros, durante años han mantenido consistentemente su posición de no intervenir en la gestión de la empresa, para mantener su libertad de vender cuando lo consideren oportuno. Ya Lord Cadbury comentaba en su primer análisis sobre el gobierno de la empresa, que la mayoría de las veces era una falacia, ya que deshacer una posición del 10 – 15% en una gran empresa, no era una cuestión sencilla.

En el presente, las grandes disminuciones de patrimonio de los fondos en las caídas recientes de las bolsas, han hecho que los partícipes de los fondos sean más exigentes con sus gestores, obligándoles a tener un papel más proactivo en las empresas donde invierten.

En Estados Unidos, la exigencia de transparencia y buen gobierno tiene mucha tradición. Por ejemplo, el fondo CalPERS - uno de los mayores de Estados Unidos - pone en su lista de “observación” a empresas a las que considera que no cumplen con sus estándares de buen g


[*D De Consejero a Presidente *]

¿Y en Europa? Otros fondos en el Reino Unido han seguido el ejemplo activista, como por ejemplo publicando listas con sus opiniones respecto a la manera en que las empresas responden a temas relacionados con la responsabilidad social, y en otros casos votando en contra de la gestión, o de los bonus de los administradores. En Alemania varios fondos han votado en contra de la transición usual de Consejero Delegado a Presidente de una gran compañía, en la que sus resultados no habían sido buenos. Medidas que antes sin problema se aprobaban por mero trámite en las Juntas Generales.

¿Y en España los fondos son tan activistas? No parece que los fondos nacionales lo sean; la participación de la banca en la composición accionarial de las grandes compañías y, a la vez, su condición de gestores de fondos, lo condicionan en gran medida. Sin embargo, si analizamos los datos de la Bolsa de Madrid respecto a los propietarios de las acciones de las empresas cotizadas en Bolsa en el 2001, nos damos cuenta del escaso peso que supone la Inversión colectiva – un 4,86% - frente al importante peso de las Familias – un 27,96% - y los “No residentes” – un35%. Para dar más perspectiva a estos datos, las mayores empresas españolas tenían alrededor de un millón de accionistas a finales del 2002.

¿Están todos dormidos? Los No residentes - por el contexto internacional que hemos comentado más arriba - es probable que no; pero las Familias españolas por ahora parece que se preocupan principalmente por el valor de la acción y su impacto sobre el patrimonio que les permitirá una tranquila vejez. Sin embargo, si tenemos en cuenta el impacto de las medidas que propuso la Comisión Aldama - y que parece que se van a trasladar en gran parte a leyes de obligado cumplimiento -, la probabilidad de que las Juntas Generales dejen de parecerse a la imagen con la que se ha comenzado el artículo, es muy elevada.

De entre esas medidas, resaltamos la obligación de establecer canales eficaces de comunicación con los accionistas a través de la página web, contemplándose la posibilidad de poder votar electrónicamente sobre los puntos de la orden del día de la Junta General. Las dificultades de asistir a la Junta generalmente actuaban a favor de los administradores, pero si va a ser de obligado cumplimiento simplificar el proceso, dar más transparencia a las prácticas de gobierno, permitir votar electrónicamente y además repartir con suficiente antelación la información necesaria para opinar, el panorama de las Juntas va a ser distinto.

Un indicador de la clara dinámica de estos cambios, es el reciente anuncio de un gran banco español, que propone a los accionistas - con suficiente tiempo - que le envíen por correo electrónico sus propuestas de los temas a debatir en la próxima Junta General. Y un parámetro a tener en cuenta, es que a través de la web de la Unión Europea se está preguntando a los ciudadanos si les parece bien votar electrónicamente sobre temas que les conciernen – una democracia directa como en Suiza -, y de unos 40.000 votos hasta ahora, un 71,6% indicó que era realmente una buena idea.

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