Nacionalismo económico

Fernando Fernández. Profesor. IE Business School

10 Enero 2012

La España de las autonomías se ha convertido en un puzzle de autoritarismos regionales que rompe el gran logro de nuestra transición económica: tener un mercado abierto.

A mis alumnos extranjeros les castigo con una conferencia titulada España: una transición económica de éxito, que acaba con una sección, cada vez más larga, dedicada a los interrogantes de futuro. Estos últimos, a nadie se le esconde, tienen que ver con tres temas de actualidad tan rabiosa como secular: nuestro limitado entendimiento de lo que significa una Unión Monetaria, que obliga a vincular salarios a productividad si no queremos exportar trabajadores y asumir un permanente diferencial negativo de renta per cápita; la excepción cultural de nuestro sistema financiero, unas cajas de ahorros que no daban problemas mientras eran oferentes de fondos, porque nadie mira el ADN a los fondos soberanos, pero que se hace insostenible desde que las cajas decidieron convertirse en tomadoras netas en el interbancario europeo y la gente se pregunta a quién le está prestando dinero; y un estado de las autonomías que, aparte de los conocidos problemas de gasto público, se está convirtiendo en la puerta trasera por la que se cuela el más rancio nacionalismo económico.

Hace tiempo que me preocupa esta tendencia proteccionista de lo local en que se ha convertido la España plural. Porque si había alguna continuidad básica en nuestra transición económica, más allá de las lógicas discusiones de ritmos, ésta era la búsqueda permanente de mayor libertad y flexibilidad en los mercados de bienes y factores. Continuidad que se ha roto radicalmente y asistimos impasibles a la creación política de nuevas barreras al mercado interior y nuevos espacios de control público, justificados en el hecho diferencial y la protección de lo autóctono.

[*D El estado de las autonomías se está convirtiendo en la puerta trasera por la que se cuela el más rancio nacionalismo económico. *]

Son muchos los efectos colaterales de la visita que realizó Artur Mas a la Moncloa. El más importante, sin duda, que la restricción fiscal española no es vinculante si se trata de asegurar la legislatura. También, que la contribución de CiU a la gobernabilidad de España es inversamente proporcional al poder que logra el Partido Popular con la mayoría absoluta. Pero el daño a la racionalidad económica ha sido mucho mayor.

Casi toda la prensa ha celebrado que un pacto entre socialistas y nacionalistas catalanes permita a Madrid y Barcelona participar en la gestión de su privatizado aeropuerto. Pero solo el proteccionismo del viejo Instituto Nacional de Industria o, mejor aún, el localismo cantonal denunciado por Joaquín Costa, pueden dar cobertura lógica a semejante decisión.

[*D En nombre de la autonomía regional o local hemos recuperado la intervención estatal. *]

Ambos aeropuertos son infraestructuras nacionales, financiadas con fondos estatales, o incluso europeos, por su dimensión internacional, cuya utilidad se extiende mucho más allá de su ámbito geográfico y cuya razón de ser está, precisamente, en las externalidades que generan en un amplio entorno. Si el Estado decide privatizarlas es por necesidad, como me temo es el caso, o por convicción de que muchos servicios públicos se prestan de manera más eficiente bajo gestión privada, como me gustaría creer que ha sucedido. En ninguna de las dos circunstancias se justifica el control municipal de los mismos.

Con decisiones como éstas se da un paso más en desmontar un camino de éxito, el de la transición económica continua desde una economía cerrada, autoritaria y fuertemente intervenida hacia una economía abierta, de mercado y libre de cargas burocráticas y regulatorias e injerencias de las administraciones públicas.

[*D Lo que no le permitimos al Estado central, no solo lo justificamos, sino que lo apreciamos cuando lo hacen los gobiernos autonómicos o municipales. *]

En nombre de la autonomía regional o local hemos recuperado la intervención estatal. Lo que no le permitimos al Estado central, no solo lo justificamos, sino que lo apreciamos cuando lo hacen los gobiernos autonómicos o municipales. Pero el coste es el mismo, menos libertad económica y más intervencionismo, menos productividad y más desempleo.

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