Negociación autonómica y constitucionalidad tributaria

Francisco Marcos y Albert Sánchez. Observatorio de Política de Competencia. Instituto de Empresa

29 Mayo 2006

Cada vez más Comunidades Autónomas piden autofinanciarse. El problema surge cuando quieren implantar un impuesto que puede ser anticonstitucional.

El pasado 30 de diciembre de 2005 la Junta de Aragón aprobó una nueva ley por la que, entre otras medidas, se creó el impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta. Este impuesto viene a sumarse a los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales (IGEC) aprobados desde el año 2001 en Cataluña, Asturias y Navarra.

Conviene recordar que los IGEC generan dudas fundadas sobre su constitucionalidad, su compatibilidad con la normativa comunitaria – tanto en relación con el derecho a la libertad de establecimiento, como en relación con la prohibición de ayudas públicas – e, incluso, acerca de su justificación económica (aspectos que desarrollamos en Los Impuestos sobre los Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC): Un análisis jurídico y económico, Aranzadi, 2005).

[*D El Consejo de Ministros ha pedido interponer un recurso de inconstitucionalidad frente al IGEC aragonés *]

Estas dudas justificaron en su día la interposición de recursos de inconstitucionalidad frente a los IGEC catalán, navarro y asturiano (pendientes todavía de resolución por parte del Tribunal Constitucional), y reclaman que el nuevo IGEC aragonés corra la misma suerte. De hecho, así lo ha reconocido expresamente el Consejo de Ministros el pasado 24 de marzo al solicitar al Presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad frente a la nueva normativa fiscal aragonesa.

Hasta aquí, parece que los cauces previstos por nuestro sistema jurídico para la protección de la constitucionalidad de nuestro sistema tributario están operando adecuadamente, y deberían conducir a una resolución expresa del Tribunal Constitucional que determine si los IGEC se ajustan a o no a la Constitución española.

La competencia para resolver esta cuestión corresponde, exclusivamente, al Tribunal Constitucional, sin que pueda verse privado de ella por entender que los recursos de inconstitucionalidad interpuestos en su día (y el que razonablemente debe interponerse en próximas fechas frente al IGEC aragonés) son disponibles para el Gobierno y, menos aún, que pueda incluirse en el ámbito de las negociaciones sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.

[*D El Tribunal Constitucional es quien debe perfilar los límites de la nueva legislación tributaria autonómica, no al contrario *]

Sin embargo, aparentemente, no sólo los partidos autonómicos, sino también la Comisión de Economía del Congreso, están dispuestos a que, una vez sentadas las bases de la nueva fiscalidad autonómica – se estudie la posibilidad de retirar los recursos de inconstitucionalidad presentados frente a los IGEC (véase Expansión de 06-IV-06). De este modo, se estaría gestando un cierto consenso político sobre la posibilidad de corregir a través de la nueva legislación tributaria autonómica los defectos de los IGEC. A nuestro juicio, esta medida resulta insatisfactoria y subvierte la lógica de nuestro sistema jurídico.

En primer lugar, establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los IGEC vigentes tiene un claro valor en sí mismo, dado que determinará si el hecho imponible identificado por los tributos autonómicos (la supuesta generación de externalidades negativas contra el medio ambiente por las grandes superficies comerciales) es válido o, por el contrario, no identifica ninguna capacidad contributiva susceptible de gravamen y, por tanto, los tributos que lo tomen como base deben ser simplemente derogados. En tal caso, no tendría sentido que la nueva legislación tributaria determine los límites de unos impuestos que serían intrínsecamente inconstitucionales.

[*D La defensa de la constitucionalidad del sistema tributario no debe convertirse en instrumento de negociación política *]

En segundo lugar, un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional contribuirá a una mejor interpretación de las normas y principios tributarios de la Constitución, perfilando los límites a los que la nueva legislación autonómica deberá ajustarse, y no al contrario. Así, una jurisprudencia constitucional en interpretación de la capacidad tributaria autonómica más desarrollada redundará en la construcción de un mejor sistema autonómico tributario y de financiación, a la vez que reducirá la potencial litigiosidad constitucional sobre el mismo.

Finalmente, la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de los IGEC tiene relevancia propia por cuanto generará importantes efectos económicos sobre los operadores que vienen satisfaciéndolos en los últimos años; bien sea por la firmeza de su recaudación, bien por la eventual devolución de sus elevados importes.

Por todas estas razones, consideramos que la defensa de la constitucionalidad de nuestro sistema tributario no debe convertirse en instrumento de negociación política y que, por tanto, deben deslindarse claramente las cuestiones relativas al vigente sistema tributario autonómico (y muy especialmente, a los IGEC) del diseño del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.

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