Pedagogía de la reforma bancaria

Fernando Fernández. Profesor. IE Business School

13 Abril 2012

La reforma financiera tiene la gran sombra de haber mutado varias veces en menos de tres años. Pero, como luz, destaca el haber mantenido siempre una misma línea de actuación.

El Gobierno ha aprobado un nuevo plan de recapitalización del sistema financiero. Esperemos que sea el último. Obviamente, porque eso significará que ha sido todo un éxito. Pero, también, porque es cierto que las entidades financieras llevan desde junio de 2009, cuando se aprobó el Frob, en un estado de perpetua mutación regulatoria que hace imposible cualquier gestión racional.

Si añadimos a la voracidad regulatoria española los cambios de opinión de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), del comité de Basilea y de la propia Unión Europea sobre provisiones, capital, liquidez, transparencia y plazos, lo cierto es que la confusión ha sido la norma; la improvisación, el criterio general de actuación; y el desconcierto generalizado, el resultado conseguido. Desconcierto en el sector, en la academia, en los mercados y en la opinión pública.

Son, pues, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica los primeros criterios con los que juzgar la reforma presentada. Y en ese capítulo, hay que decir que el Gobierno lo ha intentado todo; avanzando criterios y plazos, manteniendo los criterios de actuación anteriores y profundizando en el enfoque básico de que más tamaño equivale a más solvencia.

Tanto se ha empeñado en ese propósito que este plan ya empieza a ser conocido como Frob III. Lo cual es meramente descriptivo de un enfoque coherente con una hipótesis previa: como España sufre una crisis de confianza, hay que evitar como sea cualquier evento de crédito en una entidad financiera, porque ello dañaría por contagio la credibilidad del sistema.

Es una hipótesis plausible, parece sensata en las condiciones actuales de crisis del euro y de bucle crisis financiera-soberana, pero uno se queda un poco con el sabor agridulce de no haber intentado algo más radical que evite el riesgo moral mediante una aplicación más estricta de la disciplina del mercado. Dicho en Román Paladino, que el que la hace la pague.

Sobre todo, porque en nuestro país gran parte del problema surge de la excesiva complicidad entre poder político local y sistema financiero a través de esa figura atípica llamada cajas de ahorros. Volveremos sobre este tema porque afecta al éxito de la reforma.

Si a la estabilidad, como condición de partida, le añadimos una doble restricción política, minimizar el coste para el contribuyente y no recurrir a financiación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera por las incertidumbres sobre las condiciones asociadas, el resultado no podía ser muy distinto.

Se trata de aumentar la transparencia de los balances bancarios y cubrir las pérdidas que afloren en el proceso en la mayor medida posible dentro del propio sistema financiero. Lo que significa recurrir a los accionistas cargando el coste a beneficios presentes o futuros; a los acreedores, forzando a la conversión de preferentes en capital que absorba pérdidas; y a los intereses y complicidades gremiales, incentivando las fusiones bancarias. Un reparto del coste del saneamiento, en proporciones que solo el tiempo dirá, que es muy vendible políticamente, pero que plantea algunos interrogantes para el futuro. Dos principalmente.

El primero, que el tiempo en digerir ese proceso de fusiones es un tiempo, si no perdido, sí al menos castigado en términos de recuperación del crédito al sector privado; y el segundo, cómo atraer el nuevo capital necesario a los bancos a la vez que se define un horizonte de menguada rentabilidad para los mismos.

No son preguntas fáciles, no hay respuestas políticas sencillas como demuestra la evidencia internacional comparada. Tan consciente es el propio Gobierno de estos peligros que ha introducido en su propia reforma un calendario muy acelerado de fusiones, que lo sería realmente si las cajas no llevaran ya dos años mareando la perdiz, y una norma genérica sobre la obligatoriedad de mantener los volúmenes de crédito, al menos para los bancos que hayan optado por acudir a la ayuda pública.

Esta medida, muy difícil de articular en la práctica sin caer en excesos regulatorios, pues los tiempos de las ayudas y el crédito no coinciden, es similar a la utilizada en procesos de recapitalización en otros países y se inscribe en las recomendaciones genéricas de la Unión Europea. Pero, que sea efectiva es otro cantar, por muchos compromisos de ampliación de crédito que hayan de asumir las entidades a fusionar.

La reforma del sistema incluye también un capítulo sobre buen gobierno de las entidades que, en mi opinión, se queda corto. Me explico. Se prevé que las entidades sujetas a procesos de fusión presenten medidas que hagan posible una integración rápida y eficiente. Pero la experiencia con las fusiones de cajas habidas hasta la fecha no puede calificarse de positiva en este apartado.

Son varios los procesos abortados a última hora por luchas de poder intestinas entre personas que se siguen considerando más representantes de intereses políticos que consejeros de una entidad financiera. Y son muchos más los casos en los que sigue sin haber estructuras de decisión y de gestión operativas, racionales y eficientes, porque las existentes responden a componendas, cesiones y acuerdos tácitos.

Ésa no es forma de llevar un banco, y menos aún en tiempos de tormenta. Por lo tanto, hubiera sido deseable que la reforma se hubiera aprovechado para entrar sin concesiones en la simplificación de los órganos de gobierno de las entidades resultantes de la fusión de numerosas cajas y en la tipificación de las cajas originales como fundaciones ciegas. Solo así eliminaríamos la tensión permanente entre el poder político territorial y la eficiencia económica.

Más allá de consideraciones más o menos relevantes, el juicio final de la reforma va a depender de dos hechos sencillos. El juicio popular, de si es capaz de restaurar el flujo normal del crédito a la economía en un plazo razonable. El juicio de los mercados, de si es capaz de restablecer el acceso al crédito internacional por parte de las entidades españolas al haber aumentado su transparencia y su solvencia. Objetivos que están obviamente relacionados en una secuencia lógica.

Hay razones para ser optimista, pero queda mucho trabajo por hacer para asegurar una puesta en práctica de la reforma escrupulosa, impecable y sin discrecionalidad alguna. Empieza ahora la labor del Banco de España. Es su gran oportunidad para recuperar el prestigio perdido.

SUMARIOS

Las entidades financieras llevan desde junio de 2009, cuando se aprobó el Frob, en un estado de perpetua mutación regulatoria que hace imposible cualquier gestión racional.

La confusión ha sido la norma; la improvisación, el criterio general de actuación; y el desconcierto generalizado, el resultado conseguido.

Hubiera sido deseable que la reforma se hubiera aprovechado para entrar sin concesiones en la simplificación de los órganos de gobierno de las entidades.

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