Primera navidad sin acompañamiento

Víctor Torre Silva. Profesor. Instituto de Empresa

17 Mayo 2005

La supresión de la llamada Ley de Acompañamiento y su sustitución por las leyes ómnibus tiene sus puntos fuertes y débiles. Aunque se ha ganado en seguridad jurídica seguramente el Gobierno necesitará mayor energía para introducir las reformas que una economía moderna exige.

Sin apenas notarlo, en las últimas Navidades se nos había colado en la vida de los que nos dedicamos al Derecho, un personaje singular, nunca invitado pero siempre presente, llamado Ley de Acompañamiento.

Su verdadero nombre era Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ustedes comprenderán que, con un nombre tan largo, se imponía un apelativo familiar. Este convidado de piedra tenía por costumbre aparecer en el Boletín Oficial del Estado el día 31 de diciembre, con puntualidad para celebrar Nochevieja, y solía entrar en vigor al día siguiente, por si algún jurista responsable deseaba pasarse el último día del año estudiándolo. Ciertamente, era mucho lo que había que estudiar, pues la Ley de Acompañamiento tenía la manía de modificar docenas de Leyes, de lo más variopinto (la última, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, ocupa 119 páginas del BOE, a doble columna…). La seguridad jurídica, que no es un capricho de técnicos sino un principio constitucional, sufría con este tipo de Leyes. En un abrir y cerrar de ojos se cambiaba una buena parte del ordenamiento jurídico, para regocijo de editoriales especializadas, y para desdicha del ciudadano.

[*D La Ley de Acompañamiento, con todos sus inconvenientes, constituía una herramienta ágil para ir introduciendo reformas con rapidez *]

Tan engorroso invitado no se coló por la ventana, sino que entró por la puerta, aprovechando que el Tribunal Constitucional la había abierto para expulsar ciertos preceptos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Así, por sentencia 76/1992, de 14 de mayo, este Tribunal prohibió que este tipo de Leyes incluyeran disposiciones ajenas a los ingresos y gastos del Estado, mediante la apropiada interpretación constitucional. Al Gobierno esta sentencia le planteó un problema: ¿qué hacer con las múltiples medidas legislativas que entendía eran necesarias, y que hasta entonces iban engordando, año tras año, cada Ley de Presupuestos? La solución no fue muy ingeniosa: optó por hacer con ellas una nueva Ley ómnibus o cajón de sastre y tramitarla a la par que los Presupuestos. Así nació la primera de estas Leyes, la 22/1993, de 29 de diciembre.

La tramitación paralela a los Presupuestos Generales del Estado hacía que el procedimiento parlamentario fuera velocísimo. En la práctica, solía remitirse el proyecto de Ley algunos días después del de Presupuestos Generales, allá por el mes de octubre, para ser promulgada menos de tres meses más tarde (con enmiendas del Senado y todo). No era, ciertamente, un modelo de análisis sosegado por las Cortes Generales. Este año estamos de enhorabuena: no habrá Ley de Acompañamiento. La seguridad jurídica y los usos parlamentarios se regocijan de ello. Sin embargo, esta ausencia plantea dos reflexiones que tal vez merezca apuntar.

La primera tiene que ver con el juego de las mayorías y las minorías. Con un Gobierno sin mayoría absoluta en el Congreso, son forzosos pactos con minorías –normalmente nacionalistas- para sacar adelante los proyectos de Ley. Ahora bien, al tramitarse conjuntamente el de Presupuestos y el de Acompañamiento, el pacto solía ser global, de manera que a cambio de ciertas concesiones se acordaba el voto favorable para el conjunto de los dos proyectos.

[*D Sin la Ley de Acompañamiento, las reformas son posibles, pero quizás necesitan mayores energías por parte del Gobierno *]

La desaparición de la Ley de Acompañamiento supondrá, como consecuencia indirecta, que habrá que conformarse un pacto para cada Ley que se modifique, con lo que tal vez las demandas de los grupos minoritarios se multipliquen. Quién sabe si, en esa proliferación de negociaciones, algunas iniciativas del Gobierno convenientes pero impopulares naufragarán…

La segunda reflexión se refiere a la necesidad de reformas económicas en España. No es algo nuevo: nos lo recuerdan periódicamente desde la Unión Europea y desde diversas organizaciones nacionales e internacionales. Si queremos una nación competitiva, que cree empleo con pujanza y cuya economía se desarrolle, no basta con “ir tirando” con las condiciones actuales. Son precisas constantes adaptaciones del sector público, nuevas supresiones de intervencionismos caducos, crecientes flexibilizaciones estructurales. La Ley de Acompañamiento, con todos sus inconvenientes, que eran muchos, constituía una herramienta ágil para ir introduciendo reformas con rapidez, al ritmo que la sociedad demandaba. Sin ella, las reformas son posibles, por supuesto, pero quizás necesitan mayores energías por parte del Gobierno.

Esta Navidad podremos celebrar las fiestas sin ningún incómodo invitado. Ojalá en las sucesivas no descubramos que nos traía parte de la cena.

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