Propiedad intelectual, usurpación de marca y piratería

Francisco de Marcos. Profesor. Instituto de Empresa

25 Mayo 2004

La Unión Europea ha adoptado una directiva que refuerza las medidas de los Estados miembros contra los autores de delitos de falsificación y piratería, y armoniza la regulación nacional de los derechos de los titulares de propiedad intelectual e industrial.

A principios de marzo, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de Directiva que la Comisión había presentado relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Y a partir de su aprobación, los Estados miembros dispondrán de dos años para adaptar sus ordenamientos jurídicos a los mandatos que en la nueva Directiva se contienen.

Esta Directiva pretende armonizar la regulación nacional de las sanciones y de los remedios civiles y penales, en materia de infracciones de la propiedad intelectual e industrial. Su principal objetivo es evitar que los infractores aprovechen las divergencias entre los regímenes sancionadores nacionales para desplazar sus actividades de fabricación de productos, que usurpan las marcas registradas o que constituyen copias falsas de productos amparados por un derecho de propiedad intelectual o industrial, hacia aquellos Estados en los que los remedios judiciales a disposición del titular legítimo de esos derecho, y el régimen sancionador sean menos eficaces.

Usurpación de marca

Las diferencias de los derechos nacionales en estas materias no sólo dificultan la lucha contra la usurpación de marca y la piratería, si no que constituyen un acicate para el desarrollo de la delincuencia organizada y distorsionan el tráfico comercial y el funcionamiento adecuado del mercado interior, pudiendo ponerse en juego ocasionalmente la salud y la seguridad públicas.

La Directiva pretende acabar con las sustanciosas pérdidas empresariales derivadas de la usurpación de marca y de la piratería. Pérdidas que son cuantiosas e incluyen tanto el menoscabo de ventas directas como de ventas futuras, los costes derivados de trivializar la originalidad y reputación de los productos auténticos, y los costes de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial frente a las infracciones.

Para ello, la Directiva establece un marco y unas pautas generales para la armonización de los instrumentos de tutela judicial de los derechos de propiedad intelectual e industrial a nivel comunitario, especialmente, en materia de legitimación procesal, pruebas, medidas cautelares y remedios judiciales, fijando ciertos parámetros para la determinación de las sanciones pecuniarias y para el cálculo de las indemnizaciones de daños y perjuicios.

Aunque el ordenamiento jurídico español contempla ya la mayoría de los instrumentos que la nueva Directiva contiene, la necesidad de modificar la legislación, para incorporar a ella algunos extremos no previstos en el Derecho español, constituye una oportunidad inmejorable de actualizar y coordinar las disposiciones sobre este particular que se contienen en las diversas leyes de protección de la propiedad intelectual e industrial.

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