<B>Retos económicos de Zapatero</B>

Rafael Pampillón. Profesor. Instituto de Empresa

29 Marzo 2004

El profesor Rafael Pampillón señala que entre los desafíos del nuevo gobierno socialista español se encuentran retos como el de mejorar la productividad, eliminar las trabas a la creación de empresas, promover una mayor disponibilidad de suelo, incentivar la mejora tecnológica y mantener el superávit presupuestario.

Para señalar los retos y objetivos económicos a los que se enfrenta el nuevo gobierno en España es necesario hacer un repaso, aunque sea breve, de la historia económica de los últimos 8 años. Lo primero que se puede destacar es que la economía española ha crecido a un ritmo medio anual del 3,5%, mientras la media de la UE lo hizo al 2,3%. Como consecuencia, de este crecimiento diferencial positivo (1,2% medio anual) con la UE, el PIB per cápita español convergió en 8 puntos: desde un 79,2 por 100 de la media de la UE en 1995 a un 87,3 por 100 en 2003. El superior crecimiento económico español ha sido consecuencia de su mayor estabilidad macroeconómica, de la reducción de impuestos, de haber conseguido una combinación saludable de política monetaria expansiva y equilibrio fiscal, junto a las reformas efectuadas en los mercados de factores (trabajo, electricidad, gas, telecomunicaciones, etc.). En cambio, las otras tres grandes economías de la Eurozona (Francia, Alemania e Italia) realizaron menos y más tímidas reformas y, por tanto, llevan años soportando tasas de crecimiento económico más bajas. Mantener esa tasa de crecimiento (y aumentar el empleo) es un reto para el nuevo gobierno.

Para conseguirlo hay que insistir en la mejora de la productividad, incorporando las nuevas tecnologías a las empresas e intentando favorecer aquellos proyectos que supongan un aumento de las inversiones en Investigación y Desarrollo. El último dato publicado por el INE, sobre el gasto español en I+D muestra ciertamente que en el 2002 el porcentaje de I+D sobre PIB superó, por primera vez en la historia, la barrera psicológica del 1%. Sin embargo, el gasto promedio de la Unión Europea es del 2% del PIB, lo que demuestra que el retraso español en esta materia sigue siendo importante con respecto a Europa.

En segundo lugar, en los últimos 8 años, la economía española ha luchado (a veces con poco éxito) por intentar alcanzar el objetivo de estabilidad de precios. Para ello, y como primera providencia, se cumplió con los criterios establecidos en el Tratado de Maastricht, para después incorporarse a la UEM, desde su fundación. Desde entonces ha habido un mayor control de la inflación. Efectivamente, con la introducción de la moneda única en 1999 países tradicionalmente inflacionistas, como España, han tenido que estabilizar sus precios (con políticas fiscales restrictivas, estímulo a la competencia y reformas estructurales) para poder competir en una economía global. Una prueba de ello ha sido el dato de inflación interanual de febrero que situó el crecimiento de los precios españoles en el 2,2 por ciento, a solo 6 décimas de la media de la eurozona. Acortar todavía más ese diferencial de inflación o al menos mantenerlo es algo que debe plantearse el Gobierno socialista.

Liberalización de los sectores productivos

Para ello es preciso continuar con la liberalización de los sectores productivos del país, favoreciendo la competencia con el fin de impedir que los empresarios se aprovechen de posibles situaciones de dominio en el mercado para subir los precios. Se debería evitar también, en la medida de lo posible, el exceso de intervencionismo que se está generando en los entes territoriales: creación de empresas públicas, aumento de tasas y de trámites burocráticos que generan incrementos en los costes empresariales.

El tercer reto es acabar con la temporalidad. Cierto es que en estos años, la tasa de temporalidad, aún siendo muy alta, ha ido disminuyendo (ha pasado del 35% de los asalariados en 1995 al 31% en 2003), pero sigue siendo una asignatura pendiente de aprobar. Menor temporalidad y mayor formación es mayor beneficio para los empresarios. En el futuro sindicatos y patronal deben seguir cediendo en sus posiciones: los sindicatos deberían aceptar una reducción en las indemnizaciones por despido, y a cambio, los empresarios deberían reducir los contratos laborales temporales a la vez que aumentan los contratos fijos. Por último hay que seguir profundizando en una reforma laboral que posibilite la negociación salarial en el ámbito de las empresas y permita ajustar las subidas salariales a los aumentos de productividad.

En definitiva, el nuevo gobierno deberá plantearse alcanzar el objetivo estabilidad de los precios. La mejor forma de conseguirlo es dando un nuevo impulso a los procesos de mejora de la productividad y flexibilización de la economía, quitando trabas a la creación de empresas, permitiendo una mayor disponibilidad de suelo, incentivando la mejora tecnológica y manteniendo el superávit presupuestario. Por el contrario, mayor inflación provocará, antes o después, caída en las exportaciones con significativas pérdidas en los mercados internacionales, lo que va repercutir negativamente en el crecimiento y en la creación de empleo de la economía.

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