Tiempo de costuras

Fernando Fernández. Profesor. IE Business School

29 Enero 2016

Los resultados electorales han dejado un Parlamento tan roto que para volver a coserlo, y sanar las heridas del país, se necesita aplicar la medicina de la gran coalición.

Nos hemos pasado la campaña electoral hablando de Borgen y de Juego de Tronos, de Dinamarca y de Florida, pero la aritmética de las urnas ha provocado que tengamos que elegir entre Alemania o Italia. Los españoles fuimos convocados a elegir entre la modernidad nórdica, minimalista, solidaria y competitiva, y la viciosa y corrupta Florida del ladrillo y el pelotazo. Y elegimos España, una mezcla explosiva y cambiante, donde siempre hay alguien dispuesto a partirte la cabeza, donde no se perdona la excelencia ni el éxito, y donde la mediocridad se disfraza de igualitarismo.

En esa España nuestra, la aritmética electoral ha sido implacable. Ninguna de las dos Españas dispuestas a helarnos el corazón tiene mayoría suficiente, ni la tendrá en un futuro próximo, por mucho que se empeñen en convocarnos a elecciones cada tres meses. Cuando pase el ruido de los intereses personales, los egos disparatados y los sueños rotos, veremos que solo hay dos alternativas posibles: o una gran coalición o elecciones anticipadas. El resto de posibilidades teóricas no son más que efímeras entelequias. Este artículo parte de la premisa de que el PIB no da la felicidad, pero que sin crecimiento, y sin creación de empleo, solo hay miseria, los conflictos sociales se enquistan y tienden a hacerse explosivos, y la vida de los ciudadanos se hace más miserable.

Italia es un gran país, pero sus resultados económicos distan mucho de ser satisfactorios desde hace más de veinte años. Más aún, a comienzos de 2016, el PIB es todavía casi un 10% inferior al de 2008, mientras que en la España del ajuste y los recortes la caída es apenas de un 2%. El ‘stock’ de capital público italiano es manifiestamente mejorable y compara mal con el español. Y no me refiero solo a autopistas, trenes de alta velocidad, puertos o aeropuertos, sino también, y sobre todo, a infraestructuras educativas y sanitarias. Y esto es así porque su sistema político es intrínsecamente disfuncional. Provoca a la vez inestabilidad gubernamental y falta de alternancia. Así es imposible tomar decisiones y el ajuste económico se produce por inercia. No se acometen reformas y se limita el gasto a las disponibilidades de financiación, sobre todo el de inversión, porque el gasto corriente está en la práctica indexado. El ‘impasse’ institucional parece estar cambiando con el Gobierno de Matteo Renzi, pero si hay posibilidades de éxito es gracias a su confortable mayoría parlamentaria.

Por su parte, el PIB en Alemania es casi un 5% superior al de 2008. Muchos españoles usan este dato para argumentar una injusta distribución de los costes de la crisis. Es, sin duda, una manifestación de los problemas en el diseño institucional de la unión monetaria original, fallos que, por cierto, Alemania está contribuyendo a solucionar al insistir en que no puede haber mutualización de la deuda bancaria y soberana sin una previa unión fiscal. Pero lo que se ignora deliberadamente es que la raíz del éxito exportador alemán está en el  ajuste estructural de las relaciones laborales y del marco institucional del mercado de trabajo a las exigencias de la nueva competencia internacional surgida con la globalización. Ajuste que solo fue posible con la gran coalición de socialdemócratas y conservadores, pacto que vio la luz gracias a que el SPD renunció a buscar posibles acuerdos con los partidos a su izquierda, a pesar de que, como en España, gobiernan juntos en muchos ayuntamientos y algún Lander.

España es, desgraciadamente, diferente. La derecha no es solo el rival a batir en las elecciones, sino la encarnación de todos los males. Vale todo con tal de expulsarla del poder, hasta aliarse con partidos antisistema y con los que quieren romper la unidad territorial. Esa pulsión antiimperialista, nostalgia de un tiempo convulso y desgraciado, pero mitificado, se superpone al hecho objetivo de que son más las cosas que unen a los grandes partidos nacionales de las que los separan.

Europa es una idea compartida. El modelo social europeo es el producto conjunto de democristianos, liberales y socialdemócratas. PP, PSOE y Ciudadanos, los lib dem españoles, votan frecuentemente juntos en el Parlamento Europeo, hasta se reparten el poder. Pero ese acuerdo suena imposible en España, aunque no haya más alternativa que la inestabilidad y el empobrecimiento consiguiente. Es, sin embargo, fácil imaginar un acuerdo programático si nos dejamos arrastrar por el ruido mediático y el cainismo tradicional.

En economía, de lo que puedo opinar con más criterio, las diferencias son importantes pero superables. Los tres partidos constitucionales están de acuerdo en lo fundamental. La prioridad es anclar a España en la unión monetaria, lo que implica continuar la consolidación de las cuentas públicas. Podemos discutir con Europa el ritmo de ajuste, pero hay que cumplir con lealtad y suficiencia el acuerdo al que finalmente se llegue. Los tres partidos hablan de un ajuste fiscal inteligente e inclusivo, de cambiar el sistema fiscal para hacerlo más eficiente y equitativo. Las diferencias están en los matices, sin duda importantes pero negociables. Como en materia laboral, de innovación, tecnología y educación. Sí, también en educación si aceptamos que el consenso solo puede construirse sobre el común denominador del espacio compartido de la colaboración público-privada, como en sanidad, pensiones, prestaciones sociales o dependencia. Los programas máximos están para las hemerotecas, la política es el arte de lo posible. Y lo único posible hoy, además de lo siempre deseable,  es avanzar por consenso, con amplios acuerdos.

En materia autonómica, y también en Cataluña, el acuerdo es posible. Solo hay que fijarse en las experiencias de éxito de federalismo fiscal. ¿Qué otra cosa es el actual Estado de la Autonomías? Hay en teoría dos sistemas posibles, máxima descentralización sin reglas fiscales comunes y sin mecanismos federales de rescate o rescate con disciplina central. La primera opción es impensable en España, como hemos visto esta legislatura obligada a articular un Fondo de Liquidez Autonómica y un Fondo de Pago a Proveedores. La propia Unión Monetaria Europea ha ido construyendo un sistema semejante de mutualización a cambio de disciplina central con un protagonismo creciente del Eurogrupo y la Comisión, en detrimento de los Tesoros nacionales. Negar a Madrid lo que estamos alegremente dispuestos a otorgar a Bruselas es pura demagogia para alimentar el fantasma del enemigo exterior.

También es posible el acuerdo en materia de ley electoral, reforma institucional o cambio constitucional, si renunciamos al simplismo. No hay sistema electoral perfecto, la proporcionalidad pura no existe y las listas abiertas, donde se ofrecen, como en el Senado, no las utiliza prácticamente nadie. Pero se puede mejorar la proporcionalidad sin castigar en exceso la estabilidad.

La mejora de nuestras  instituciones es recomendable, pero no es una tarea sencilla, porque las instituciones no se replican, ni se exportan, son las personas que las ocupan las que defienden, garantizan o impiden su actuación profesional e independiente. Pero siempre habrá un sano conflicto, en un sistema de equilibrio dinámico, entre técnicos y representantes de la soberanía popular. La reforma constitucional no es la panacea -no caigamos en la mitología de la Segunda República-, pero es posible acordar algunos cambios, más en la línea de un aggiornamento que de una revolución que, por otra parte, el electorado no ha pedido. Cambios que solo pueden alcanzarse con una amplia mayoría del Parlamento como la que proporcionaría un gran acuerdo entre los tres partidos que representan el consenso social europeo.

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