El Constitucional abre otra herida con Europa

Marie-José Garot. Profesora. Instituto de Empresa

5 Enero 2007

Una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada en verano, saca a la luz sus problemas para cumplir el principio de primacía del Derecho Comunitario.

Antes del verano, el Tribunal Constitucional español volvió a hacer gala de sus relaciones ambiguas con el Derecho Comunitario, en una sentencia poco comentada hasta ahora. El Tribunal dio la razón al Gobierno de Canarias en su recurso de amparo contra la sentencia del 25 de junio de 2004, dictada por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), por vulneración de su derecho a una tutela judicial efectiva.

El litigio enfrentaba los intereses del Gobierno canario y del Real Club Náutico de Gran Canarias. El origen de su disputa radicaba en la ley 20/1991, relativa al impuesto general indirecto canario, que permite, según el artículo 10.1.13, exenciones en caso de “prestación de servicios por entidades públicas y privadas a quienes practiquen deporte o educación física”, bajo ciertas condiciones (en particular, según la cuantía de la cuota). El artículo en cuestión es una reproducción exacta del antiguo artículo 20.1.13 de 1992 relativo a las exenciones de IVA, que el Tribual de Justicia de la Comunidades Europeas (TJCE) declaró contrario a la Sexta Directiva sobre armonización fiscal. De hecho, debido a este artículo, el Tribunal Europeo condenó a España por incumplir el Derecho Comunitario en una sentencia del 7 de mayo de 1998.

[*D Un litigio del Gobierno canario con el Club Náutico destapa las relaciones ambiguas del Constitucional con el Derecho Comunitario *]

Siguiendo la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ) accedió a la petición del Real Club Náutico de devolverle los ingresos indebidos. Pero el Gobierno Canario recurrió, alegando que el incumplimiento del Derecho Comunitario se refería sólo a la Ley 37/1992 del IVA y no al caso canario. Según el Ejecutivo isleño, el TSJ vulneró su derecho a la tutela efectiva, al no aplicar la ley de 1991.

La solución del Tribunal Constitucional español (TC) es, por lo menos, extraña. A pesar de la sentencia del TJCE y de la similitud de los artículos 20.1.13 de la ley de1992 y 10.1.13 de la ley de 1991, el TC considera que le TSJ no podía dejar de aplicar, por si sólo, la ley 20/1991 y que si tenía dudas al respecto, debía plantear una cuestión de constitucionalidad o una cuestión prejudicial al TJCE.

[*D Un artículo de 1992 fue declarado contrario a la Sexta Directiva, pero el TC admite otro idéntico de 1991 *]

En este punto, el TC va claramente contra la jurisprudencia comunitaria. En concreto, contra la importante sentencia Simmenthal (1978), en la que el Tribunal de Luxemburgo declaró: “El juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho Comunitario, tiene la obligación de asegurar el pleno efecto de estas normas, dejando inaplicada, si fuere necesario, en virtud de su propia autoridad, toda disposición contraria de la legislación nacional, incluso posterior, sin que para ello tenga que pedir o esperar su previa eliminación por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional”.

Es cierto que la ilegalidad del artículo 10.1.13 de la ley 1991 no había sido reconocida por el TSJ con sede en Santa Cruz de Tenerife en un supuesto idéntico. También es cierto que el TSJ de las Palmas hubiera podido plantear una cuestión prejudicial. Pero, como lo establece otra jurisprudencia comunitaria (CILFIT), no se trata de una obligación para el juez nacional cuando el TJCE se ha pronunciado ya sobre “una cuestión materialmente idéntica”. Además, el TSJ de Las Palmas tampoco tenía la obligación de plantear una cuestión de constitucionalidad, porque el hecho de que una ley vulnere el Derecho Comunitario no supone que sea inconstitucional.

[*D Con esta decisión, el TC muestra un peligroso formalismo que le lleva a ir en contra del Derecho Comunitario *]

El TC demuestra un formalismo peligroso que le lleva a ir, claramente, en contra del Derecho Comunitario. Y, en concreto, en contra del principio fundamental de primacía del Derecho Comunitario, que hace justamente, junto a otros principios (por ejemplo, el de eficacia directa), la especificidad de la Comunidad Europea.

De nuevo, el TC español dejar ver los problemas que tiene con el principio de primacía. Haciendo acto de humildad, el TC hubiera tenido que plantear él mismo una cuestión prejudicial al TJCE para despejar, de una vez por todas, las dudas relativas al artículo 10.1.13 de la ley 1991 y su conformidad con el Derecho Comunitario.

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