España pierde población

Víctor Torre. Profesor. IE Business School/IE Law School

29 Mayo 2013

Por primera vez en la historia, España ha perdido población, un fenómeno que irá más y que exige al Gobierno adoptar ya políticas a largo plazo para paliar sus negativos efectos.

En la edición del pasado martes 23 de abril, El País analizaba la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el avance del padrón, a fecha 1 de enero de 2013.  La noticia más relevante consiste en que, por primera vez desde que se publican estas cifras (1998), España pierde población.  En concreto, en un año ha perdido 205.788 personas, en gran medida por la baja de extranjeros empadronados.

Si se pone el hecho en perspectiva, su importancia es aún mayor.  En efecto, las cifras oficiales de los censos de población desde el año 1900 hasta 1991 publicadas por el INE son todas ascendentes, sin excepción.  Se puede decir, por tanto, que la pérdida de población es algo insólito en la historia reciente de España.

Sin embargo, más vale que nos acostumbremos a ella.

Según los datos que el INE publicó el pasado mes de noviembre, España disminuirá su población de forma continuada en los próximos años, durante décadas.  Primero será, como el año pasado y el anterior, por el saldo migratorio negativo: hemos dejado de ser un país de inmigración para convertirnos en un país de emigración.  A continuación, desde 2018, porque el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones), será negativo.  Así, el INE prevé una población en 2022 de 45 millones de habitantes (frente a los 47,1 actuales).

Además, esa población más reducida estará más avejentada: si hoy el porcentaje de personas con 65 años o más es el 17,7 %, en el año 2022 será el 21 %.

La combinación de caída de la población y envejecimiento tiene consecuencias conocidas: menor crecimiento económico, mayor dificultad consiguiente de allegar ingresos tributarios, aumento de la demanda de los servicios públicos, graves dificultades para sostener en el futuro el sistema de pensiones sin profundas reformas, menor facilidad para la innovación, mayor resistencia social ante cualquier cambio…

El Gobierno tiene retos urgentes encima de la mesa, tales como la crisis económica, la desafección de una buena parte de la ciudadanía hacia el sistema político o la revisión del Estado de las Autonomías.  Son tareas formidables que requieren medidas a corto plazo.  No obstante, lo urgente no debería impedir ocuparse de lo importante.  Y, sin duda, la pérdida de población lo es.

Quizás debería adoptarse en este campo una estrategia nacional que combine el estudio de acciones en los campos de la Seguridad Social (sobre todo en materia de reforma de las pensiones, de facilidades para que las trabajadoras tengan hijos y de prestaciones por hijo a cargo), de los tributos (revisando el tratamiento tributario de las familias con hijos y los incentivos fiscales para la maternidad), del régimen laboral (permisos de maternidad y paternidad, excedencias por cuidado de hijos), de la acción social (familias numerosas, guarderías), de la lucha contra el desempleo juvenil (que favorece la emigración de gente joven), de la educación y la formación profesional (que dé oportunidades para emprender o emplearse en España) e incluso de la inmigración (selectiva de jóvenes extranjeros con buena preparación).

Una vez más, conviene recordar la frase que se atribuye a Bismarck: “el político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación”.
 

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