<B>La respuesta democrática al terrorismo</B>

Santiago Iñiguez. Decano. Instituto de Empresa

18 Abril 2005

El aniversario del 11-M nos ha vuelto a recordar la amenaza del terrorismo para la democracia y las instituciones en las que se fundamenta. Las empresas, como instituciones que generan valor y desarrollo en las sociedades democráticas, son uno de los objetivos prioritarios.

El pasado mes de marzo se cumplió el primer año de los atentados terroristas del 11-M en Madrid, todos recordamos a las víctimas, a los heridos, a sus familiares y amigos. Su sacrificio apela a nuestras conciencias para adjudicar la debida justicia y construir una democracia más firme, más segura, que permita salvaguardar los derechos humanos, especialmente el más fundamental, que es el derecho a la vida.

El terrorismo amenaza indiscriminadamente a todas las personas de bien y atenta directamente contra la democracia y las instituciones en las que se fundamenta. Las empresas, como instituciones que generan valor y desarrollo en las sociedades democráticas, son uno de sus objetivos prioritarios. La barbarie afecta a todas las organizaciones empresariales, aunque el riesgo sea más próximo o más remoto. En ocasiones, la amenaza es directa y permanente, como sucede con la extorsión que practica la banda terrorista ETA sobre las empresas que operan en el País Vasco. Otras veces, la actividad de ciertas empresas las convierte en objetivo fácil y de alto impacto, por las repercusiones sociales y económicas que puede tener un ataque sobre sus actividades. Es el caso de las empresas de transporte, las infraestructuras de comunicación, el sector energético, las telecomunicaciones, las empresas químicas y las alimentarias.

En otras ocasiones, las redes terroristas se sirven de las empresas para desarrollar sus operaciones al amparo de la legalidad. Esto sucede con la gestión de sus recursos a través de instituciones financieras –últimamente, el bloqueo de fondos de organizaciones terroristas internacionales ha ascendido a unos 130 millones de dólares- o del uso de Internet como medio de comunicación y coordinación. La amenaza terrorista afecta a grandes corporaciones multinacionales, acusadas de exportar el ideario democrático a través del proceso globalizador, así como a medianas y pequeñas empresas, donde en muchos casos las familias de los propietarios son la diana de sus ataques. Desgraciadamente, ninguna empresa está exenta de la amenaza terrorista.

[*D La seguridad debe ser una nueva prioridad, como lo han sido tradicionalmente la calidad o la reputación corporativa en sus empresas *]

Desde los ataques del 11-S a las Torres Gemelas de Nueva York, los responsables de las Escuelas de Dirección de Empresas hemos reflexionado sobre cómo contribuir, desde la educación, a crear un entorno más seguro, y como preparar a los directivos para combatir un fenómeno que les afecta, no sólo como ciudadanos sino como profesionales. El punto de partida de esta reflexión es el reconocimiento a una amenaza real, frontal y duradera.

La experiencia muestra que, dado el desprecio de los terroristas por la vida humana, propia y ajena, atentar es relativamente fácil y poco costoso. En consecuencia, la erradicación del terrorismo se prevé como un proceso continuado y complejo. En todo caso, el comercio próspero y el terror son incompatibles, y los líderes empresariales han de entender que la responsabilidad de hacer frente al terrorismo les afecta directamente.

Curiosamente, la publicación en 2002 de un estudio del “Council of Competitiveness” –una asociación de CEOs, académicos y sindicatos, con sede en Washington- ponía de relieve que solamente un 70% de altos directivos mostraban preocupación por el impacto eventual del terrorismo en sus empresas, y menos del 50% habían tomado alguna medida preventiva al respecto.

Con independencia de la iniciativa gubernamental, que es decisiva, los directivos han de asumir la corresponsabilidad en la seguridad de su actividad, de sus trabajadores, de sus instalaciones y de la inversión de sus accionistas. Esta reflexión, a la luz de la amenaza terrorista actual, cobra nuevos matices y despliega consecuencias en la organización de las empresas y en la adopción de políticas y medidas específicas, en paralelo con las demás prácticas empresariales.

Una primera conclusión es que la seguridad ha de formar parte de la agenda de la dirección general, en paralelo a otras prioridades tradicionales, como son la calidad o la reputación corporativa. La primera área de actuación en la agenda antiterrorista de las empresas es la adopción de políticas preventivas. Ciertamente, la prevención del terrorismo tiene un coste, que debe ajustarse de manera realista para evitar desequilibrar los resultados empresariales.

De acuerdo con la revista Fortune, desde el año 2001 las empresas norteamericanas, fundamentalmente las grandes corporaciones, invierten anualmente 150 billones de dólares en hacer frente al terrorismo. Las partidas de gasto más importantes se distribuyen en tres áreas. En primer lugar, el afianzamiento de la seguridad en las instalaciones de las empresas, con aumento de la vigilancia mediante sistemas personales y electrónicos, sistemas de identificación y de controles de acceso.

[*D La gestión de la seguridad en las empresas es un área en la que se puede y se debe innovar *]

En segundo lugar, la mejora de los sistemas de información, fundamentalmente, para evitar la intromisión y para desarrollar mecanismos de back-up (o almacenamiento en paralelo) para rescatar la información en caso de desastres. El funcionamiento de estos mecanismos de salvaguarda es práctica común en las empresas, especialmente importante en los casos en los que la información es un activo estratégico.

La tercera área de inversión ha estado representada por los costes de aseguramiento. Lógicamente, el coste de estas partidas es grande, y las empresas pueden cuestionarse hasta qué punto el riesgo es suficientemente remoto como para elevar sus costes operativos, y si se pueden repercutir en el precio final de sus productos o servicios. Desde esta perspectiva, razonable y lógica, un exceso de celo en los gastos preventivos para mejorar la seguridad podría agotar la propia actividad empresarial.

Para resolver la cuestión de cuánto y cómo deben las empresas invertir en seguridad, es necesaria la asistencia de los organismos especializados del gobierno. El objetivo ha de ser reducir la vulnerabilidad al mínimo. En este sentido, diversos sectores empresariales norteamericanos reclaman la iniciativa directa de su gobierno federal, volcado fundamentalmente en la lucha exterior contra el terrorismo. En concreto, se sugiere la creación de organismos que supervisen y aconsejen sobre la adopción de medidas antiterroristas en las empresas. En nuestro país también sería deseable una mayor interacción entre las empresas y la administración en este ámbito.

Existen otras prácticas empresariales, con propósitos análogos, que podrían también aplicarse para la formulación de políticas de seguridad más efectivas. En concreto, las prácticas de benchmarking entre empresas del mismo sector, para compartir la información y las mejores experiencias en la adopción de medidas de seguridad, se configura como una iniciativa justificada y recomendable.

Por otro lado, el desarrollo de auditorías de seguridad, a cargo de empresas especializadas en la materia, es un fenómeno ya conocido y que experimentará un importante crecimiento en el futuro. Sin duda, la gestión de la seguridad en las empresas es un área en la que se puede y se debe innovar, y hace falta trasladar la iniciativa a todos los cuadros de la organización.

En este esfuerzo por combatir el terrorismo, hay una certeza que debe animar a los empresarios y a los ciudadanos en general: vencer al terrorismo. Y en esta contienda, la fuerza civilizadora del comercio mundial llevada a cabo por las empresas, la difusión del conocimiento, de la educación y de las tecnologías, la movilidad de personas, trabajadores y capital, transformará las estructuras económicas y sociales hacia la creación de un mundo sin miedo.

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