La sostenibilidad del sinvergüenza

Enrique Dans. Profesor. IE Business School

7 Enero 2010

La Ley Sinde no sólo es antidemocrática por pretender cerrar webs sin orden judicial, sino porque su redacción se hizo saltándose todos los trámite habituales del proceso democrático.

¿Qué es un sinvergüenza? Vamos a la RAE: 2. adj. Dicho de una persona: Que comete actos ilegales en provecho propio, o que incurre en inmoralidades. La definición encaja, perfectamente, con un político que, aprovechando la tramitación de un anteproyecto de ley dedicado a la economía sostenible, permite a los representantes de un lobby de empresas meter sus sucias manos en la redacción, para que introduzcan un punto favorable a sus intereses. Ese político es claramente un sinvergüenza, como lo es también el representante del lobby que se salta a la torera todos los trámites habituales en el proceso democrático, para intentar algo tan profundamente megalomaníaco como “hacer las leyes a su antojo”.

[*D La RAE define sinvergüenza como aquella persona que comete actos ilegales en provecho propio o incurre en inmoralidades. *]

El anteproyecto de ley de Economía Sostenible que salió del Consejo de Ministros incluye una polémica disposición en la que consagra la posibilidad de cerrar cualquier tipo de página web por decisión de un “organismo especializado”, sin necesidad de autorización judicial. En el texto de la ley que se publica originalmente, esta posibilidad, ya de por sí profundamente peligrosa y que precisaría como mínimo de una profunda discusión pública, afectaba a cuatro supuestos relacionados con orden público, protección de la salud pública, respeto a la dignidad de la persona y no discriminación, y protección de juventud e infancia.

Pero... ¡oh, sorpresa!: de repente, colado de rondón, aparece por arte de magia un quinto punto: “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual”. ¿En virtud de qué aparece este punto? ¿Quién lo introduce ahí después del paso por el Consejo de Ministros? La evidencia apunta a un alto ejecutivo de una tal Coalición de Creadores que, como el antiguo sindicato vertical, afirma defender a los “creadores” mientras aúna sus intereses con aquellos que les dejan porcentajes ridículos sobre las ventas de sus creaciones: discográficas y demás familia.

[*D Este adjetivo encaja como anillo al dedo con quienes han movido hilos, saltándose las reglas de juego de la democracia, para poder cerrar páginas webs sin orden judicial. *]

La misma noche de la tramitación del anteproyecto, ese alto ejecutivo de la Coalición de Creadores se pavoneaba delante de un gran grupo de personas de cómo habían sido capaces de introducir su texto en el Anteproyecto. ¡Impresionante! Pavoneándose por haber distorsionado la democracia, por tomar al Consejo de Ministros por el pito del sereno, y por que se envíe a los medios algo que supone la mayor agresión a los derechos fundamentales de la democracia española después de la Ley Corcuera. No, señor (por decirle algo) de la Coalición: eso no es para pavonearse. Eso es ser un sinvergüenza.

El texto consagra la posibilidad de que una comisión dependiente del Ministerio de Cultura, formada por “expertos independientes”, se encargue, ni más ni menos, que de decidir qué páginas pueden verse y cuáles no. Un mecanismo digno de los mejores tiempos de la censura: no afecta sólo a páginas de enlaces (cuya legalidad, dicho sea de paso, ha sido ratificada ya en numerosas ocasiones por jueces de toda España), sino a cualquier página, independientemente de su contenido. Basta con que te denuncien, para que tu página pueda desaparecer de Internet. Ésa es la Internet que añora el Gobierno: una red en la que puede controlar la difusión de las opiniones como en el mundo de los medios convencionales, jugando con armas como la publicidad institucional o el acceso a ruedas de prensa. Ése es el espíritu, echar al que no me conviene, callar al que dice lo que no quiero oír. Quien piense que todo esto tiene que ver con poder bajarnos música y películas de la red, se equivoca: esto tiene que ver con las libertades más básicas del ciudadano. Es un ataque a la democracia.

[*D ¿Qué tiene que ver la economía sostenible con el cierre de páginas web? Introducir inseguridad jurídica hace la economía menos sostenible, no más. *]

¿Qué tiene que ver la economía sostenible con el cierre de páginas web? Introducir inseguridad jurídica hace la economía menos sostenible, no más. Nada que ver, y relacionarlo es, insisto, de sinvergüenzas. Los mismos sinvergüenzas que llevan años insultando a los usuarios, intentando redefinir el significado de la palabra “piratería”, o pretendiendo hacer creer que están muertos de hambre cuando todos los estudios afirman que los músicos cada día ganan más. No, ni las descargas son malas, ni somos piratas, ni la música se acaba en cinco años. Y para quienes pretendan hacer creer que es así, utilicemos una palabra que no es preciso redefinir: sinvergüenza.

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