Ley de Economía Sostenible: una discusión errónea

Enrique Dans. Profesor. IE Business School

13 Diciembre 2010

El trámite parlamentario de la Ley de Economía Sostenible es un debate estéril desde el mismo momento en que incluye la viciada norma antidescargadas colada por Sinde.

El pasado mes de septiembre se inició, tras múltiples aplazamientos, el trámite parlamentario de aprobación del proyecto de ley de Economía Sostenible. En las fases previas a su tramitación, la discusión estuvo completamente polarizada por un aspecto que, de manera natural, sería completamente ajeno a dicha ley: la introducción subrepticia de una disposición final destinada a dotar a una serie de empresarios y aduaneros de la propiedad intelectual de herramientas para pasearse por la web cerrando páginas a mansalva, al margen de la opinión y criterio de los jueces.

[*D Hasta el momento, los jueces han optado de manera unánime por considerar que la actuación de todas las páginas denunciadas no era constitutiva de delito. *]

Una disposición final que, simplemente, nada pintaba en el contexto de dicho proyecto de ley, nada tiene que ver con la idea y el concepto de una economía sostenible, y que fue introducida ahí debido a las presiones de un sector industrial caduco sobre una ministra, Ángeles González Sinde, que proviene de dicho sector y mantiene importantes intereses en el mismo.

La presencia de la disposición final segunda en el proyecto de ley de Economía Sostenible, que las entidades de gestión de derechos de autor celebraron en su momento como "un gol" al proceso legislativo a golpe de brindis en un restaurante caro, no tiene, según el diccionario, más que un nombre: prevaricación.

Tras una fuerte contestación en el ámbito ciudadano a finales del año pasado, el Gobierno introdujo algunas medidas supuestamente correctoras que pretendían simular la presencia de un juez como garantía del proceso propuesto. En realidad, el proceso hurta a los jueces la verdadera naturaleza de su decisión y pone ésta en manos de un órgano administrativo, usando al juez a modo de tapadera y violando claramente un derecho fundamental.

[*D Llama poderosamente la atención la obsesión por el cierre apresurado y veloz de páginas web, cuando existe un procedimiento que funciona rápida y ágilmente. *]

El procedimiento opta por un farragoso cambio legislativo que afecta nada menos que a dos leyes, un Real Decreto y una Ley Orgánica para crear un "Frankenstein jurídico" en el que el juez ni actúa, ni examina: una disposición final fuera de lugar, colada de rondón en una ley que nada tiene que ver con el tema, y que nos lleva a una discusión errónea sobre un problema inexistente.

Yendo a la esencia del tema: ¿qué es lo que realmente nos trae a esta cumbre del absurdo? El hecho de que, resolución judicial tras resolución judicial, los jueces de este país han opinado de manera sistemática que las denuncias contra páginas web debían ser desestimadas, por no existir en los hechos sometidos a juicio ningún tipo de delito.

Repetimos: hasta el momento, y de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, los jueces españoles han optado de manera unánime y generalizada por considerar que la actuación de todas las páginas denunciadas en procesos tanto penales como civiles no era constitutiva de delito.

Cuidado: no estamos hablando de irregularidades jurídicas, ni de decisiones tomadas por legos en la materia; hablamos de jueces bien preparados, plenamente conscientes de sus actos y que, a sabiendas de que su decisión iba a tener un importante impacto mediático, optaron, tras un concienzudo análisis del caso, por dictaminar que la actividad en cuestión no constituía delito alguno.

[*D Deberíamos dedicarnos a repensar hasta qué punto el obsoleto concepto de propiedad intelectual resulta sostenible en la era digital. *]

Llama poderosamente la atención la obsesión por el cierre apresurado y veloz de páginas web, cuando existe un procedimiento, la solicitud de medidas cautelares, que funciona rápida y ágilmente. ¿Qué se pretende introduciendo medidas supuestamente "agilizadoras" de algo que no precisa ser "agilizado"?

¿Qué pretende esa ministra a la que un día regalaron el ministerio por su cumpleaños, y la industria caduca a la que pertenece y a la que representa? Simplemente, como los jueces de manera reiterada no dan la razón a sus intereses, quiere apartarlos a un lado, y crear una justicia especial a su medida. Algo incompatible con el concepto de democracia.

El trámite parlamentario de esta ley no es ni bueno, ni malo: es simplemente erróneo. Toda discusión que incluya la disposición final en cuestión no procede, está fuera de lugar, está viciada. La presencia de dicha disposición final debe ser enmendada. A lo mejor, en lugar de intentar crear "justicias a medida" y "comisiones de rompe y rasga" o de pretender que la Economía Sostenible consista de alguna manera en el cierre de páginas web, deberíamos dedicarnos a repensar hasta qué punto el obsoleto concepto de propiedad intelectual resulta sostenible en la era digital.

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